El primer año a cargo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) para Samantha Power ha destacado por un reacomodo silente de la estrategia contra Venezuela. Sin embargo, se aprecian algunos rasgos de su actuación comienzan a hilvanar un patrón de acciones que se han desarrollado en sus otras responsabilidades políticas.
Trayectoria de un ave rapaz de alto vuelo
La funcionaria demócrata, quien se autodenominó «halcón humanitario», impartió cursos académicos en la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard con el cargo de «Profesora de Práctica de Liderazgo Global y Políticas Públicas», fue ganadora del Premio Pulitzer en 2003 por su libro Un problema del infierno: América y la era del genocidio y también ejerció como asesora principal de Barack Obama.
En la órbita del expresidente demócrata como representante permanente de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU en 2013, la diplomática fue el detonante del proceso de perfeccionamiento de la intervención «humanitaria» como arma favorita para el cambio de régimen.
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Samantha Power participó del gobierno de Barack Obama, quien solo en 2016 ordenó la detonación de más de 26 mil bombas en Siria, Irak, Afganistán, Libia, Yemen, Somalia y Pakistán (Foto: Yahya Arhab / EPA)
Ha sido considerada líder de los «halcones liberales», la otra cara de una moneda que comparten con «neoconservadores» en la promoción del intervencionismo del «Imperio estadounidense». Además del puro supremacismo de estos, el combustible de su intervencionismo son los derechos humanos, cuya industria moviliza navegables cantidades de millones de dólares. Durante su audiencia de confirmación ante el Senado, Power proclamó: «Este país es el más grande de la Tierra. ¡Nunca pediré excusas por Estados Unidos!».
Antes, durante la década de 1990, fue parte de la constelación mediática que participó en la desintegración de Yugoslavia y hasta llegó a trabajar como periodista de deportes en CNN, televisión de información internacional cuya redacción albergaba miembros del 4º Grupo de Operaciones Sicológicas de Fort Bragg.
Luego formó parte de la Carnegie Endowment for International Peace como asistente de Morton Abramowitz, quien fue administrador de la National Endowment for Democracy (NED), asumida como la cara legal de la CIA. También fundó el Centro Carr para la Política de los Derechos Humanos, financiado por la fundación del exempresario Gregory C. Carr y por la fundación del líbano-saudita Rafic Hariri.
En 2001, fue consultora de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados, creada por Canadá, donde se incubó la noción de «responsabilidad de proteger» (R2P) bajo la idea de que, para prevenir masacres como las de Srebrenica o Ruanda, el Consejo de Seguridad de la ONU tendría que intervenir cuando ya no hay Estado.
Militó en otras organizaciones intervencionistas como el International Crisis Group del oligarca húngaro-estadounidense George Soros y el Genocide Intervention Network, que ha pasado a llamarse United to End Genocide.
Junto a su mentor y esposo, Cass Sunstein, formaron lo que el periodista populista Glenn Beck llamara «la pareja más peligrosa de Estados Unidos«. Juegan al policía bueno (ella) y el policía malo (él) respecto al tema de los DDHH y «son capaces de defender cualquier cosa y lo contrario con el mismo ardor, siempre y cuando ello sea útil a sus intereses», escribe el analista Thierry Meyssan en una sinopsis sobre la trayectoria de Power.
En su libro The Education of an Idealist: A Memoir, publicado en 2019, Power escribe sobre cómo casi se inmoló en su propia y ardiente autoestima mientras informaba desde Bosnia en la década de 1990.
Hace poco más de un año, Joe Biden la nombró como administradora de la Usaid, describiéndola como «una voz líder para el compromiso estadounidense humano y basado en principios en el mundo, reunirá a la comunidad internacional y trabajará con nuestros socios».
ADALID DE LA MILITARIZACIÓN HUMANITARIA
La trayectoria de Samantha Power es un ejemplo didáctico y potente de la militarización del discurso de los derechos humanos, en su libro sostiene que Estados Unidos dio un paso al costado durante los genocidios del siglo XX poniendo como ejemplos lo sucedido en Bosnia y Ruanda. Al respecto el abogado Chase Madar plantea:
«‘¿Por qué los Estados Unidos se mantuvieron al margen con tanta indolencia?’, se pregunta. Power concede que se han hecho ‘progresos modestos a la hora de responder al genocidio’. Pero se trata de progresos insuficientes. Lo que hace falta es defender con coraje la presencia de nuestras fuerzas armadas para prevenir catástrofes en materia de derechos humanos, su compromiso activo con lo que la jerga de la élite que controla la política exterior denomina ‘intervenciones humanitarias'».
Sin embargo, en su obra no hizo alusión a un tema que hoy es vigente: el impacto genocida de las medidas coercitivas unilaterales. Ya en aquellos años Power obviaba, por ejemplo, si las miles de muertes iraquíes atribuibles a las sanciones económicas estadounidenses de los años 90′s deberían considerarse genocidio.
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Aun cuando Estados Unidos desencadenó la invasión y guerra en Irak, Samantha Power nunca consideró las muertes por sanciones y bombardeos como genocidio (Foto: Ahmad al-Rubaye / AFP)
Madar se refiere a los cientos de miles de timorenses asesinados por Indonesia, a los 200 mil campesinos mayas asesinados en Guatemala durante la guerra civil y a los comunistas indonesios en 1955-1956, todos patrocinados por Estados Unidos. La misma rapaz «humanitaria» sostuvo en 2013 que «Estados Unidos debe tomarse en serio los principios humanitarios y actuar con firmeza para combatir el genocidio y otros abusos de los derechos humanos». Pero señala que su capacidad para persuadir a otras naciones de que sigan su ejemplo en estas cuestiones se ha visto terriblemente afectada por la guerra de Irak y la variedad de excesos cometidos en nombre de la «guerra contra el terror».
Junto al asistente de Hillary Clinton, Jeffrey Feltman, se empeñó en la preparación de la «primavera árabe» en el Consejo de Seguridad Nacional, buscaron derrocar los regímenes laicos árabes (Túnez, Egipto, Libia, Siria y Argelia), fueran o no aliados de Estados Unidos, para poner en el poder a la Hermandad Musulmana.
Power apoyó también al clan Clinton-Feltman-Petraeus-Allen para luchar contra Rusia, Irán y Siria y ha defendido con éxito las guerras de la OTAN, detonadas por las «primaveras» y dirigidas por Estados Unidos en Libia y Siria «para detener la próxima Ruanda».
En marzo pasado estuvo en Miami, Florida, donde habló con periodistas de Cuba, Nicaragua y Venezuela sobre la «importancia de la libertad de prensa», así como con líderes de la comunidad empresarial de Miami para discutir el compromiso del sector privado en América Central.
Como ha sido notorio en los últimos años, buena parte de los desembolsos de la operación de cambio de régimen en Venezuela ha tenido a los medios corporativos como destinatarios, por lo que queda clara la opción por profundizar en esta estrategia de intoxicación mediática masiva e instrucción permanente de un expediente contra el chavismo a cargo del gobierno venezolano.
INTENSIFICANDO LA ORGÍA DE FONDOS HUMANITARIOS
La Usaid constituye para Power una posición perfecta para ejercer la ayuda exterior como un garrote para golpear a los gobiernos hasta que se alineen detrás de los dictados de Washington, que ella entiende como una campaña interminable para detener genocidios y defender los derechos humanos.
En 2021, un informe (PDF) de la Oficina del Inspector General de USAID criticó el desempeño de esa agencia durante la administración Trump afirmando que los objetivos políticos de dicha gestión interfirieron constantemente con la respuesta a la crisis humanitaria regional causada por el «colapso político» de Venezuela.
Además cuestiona la eficiencia de las acciones «humanitarias» bajo la dirección de Trump, destacando que, de las 368 toneladas métricas de ayuda que la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero y la Oficina de Alimentos para la Paz de Usaid enviaron a la frontera colombiana en 2019 (con un coste de 2 millones de dólares), solo 8 toneladas métricas (un 2%) se entregaron realmente dentro de Venezuela. El resto de los suministros de asistencia humanitaria, algunos de los cuales fueron almacenados en un depósito custodiado por los militares colombianos en las afueras de Cúcuta, fueron distribuidos dentro de Colombia o enviados a Somalia.
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Solo en 2021, Samantha Power desembolsó el 40% de los fondos «humanitarios» en hasta 17 países de Latinoamérica (Foto: Usaid)
El informe también encontró que la administración Trump utilizó la asistencia extranjera de Estados Unidos para apuntalar el apoyo al interino fake Juan Guaidó, quien no habría rendido cuentas y ha sido acusado por sus mismos correligionarios del antichavismo de desviar hasta 500 millones de dólares. Cabe destacar que Guaidó, además, maneja fondos de las empresas públicas venezolanas en el exterior, entre ellas, CITGO Petroleum Corporation y hasta hace poco Monómeros Colombo-Venezolanos, pero hasta ahora no ha presentado cuentas sobre el uso de esos recursos a nadie.
Pero nada, o casi nada, ha cambiado tras la diplomacia de Trump; en todo caso se ha profundizado. El pasado 23 de marzo, la Usaid publicó una hoja informativa con datos sobre los gastos que han realizado tanto la Oficina de Asistencia Humanitaria esa agencia como Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado del Departamento de Estado.
El mencionado documento refiere a «la grave escasez de alimentos y medicinas ha llevado a los venezolanos a huir a Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, y también a Argentina, México, Panamá y países del Caribe y Centroamérica» como la justificación de más de 1 mil 600 millones de dólares que se han desembolsado en 18 países de la región entre 2017 y 2021. Se incluye a la misma Venezuela, en donde poco menos del 10% de los fondos, 158 millones, se han gastado en el renglón «socios ejecutores» (Implementing Partners o IP’s).
Casi un 40% de los mencionados gastos fueron erogados por la administración Biden durante 2021 (655,1 millones de dólares) y los mayores desembolsos han sido destinados a agencias internacionales como la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las mismas que han inflado demostradamente las cifras de emigración desde Venezuela.
La Usaid de Samantha Power ha agregado a la narrativa migratoria los operativos que ha desarrollado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la frontera con Colombia diciendo:
«Un aumento de la violencia entre los grupos armados no estatales a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela a principios de 2022 generó víctimas civiles y desplazamientos, aumentando las necesidades humanitarias entre los migrantes venezolanos».
La realidad es que la cifra de desplazados internos en Colombia es mucho mayor y significativa que la ocasionada por el desalojo de los grupos denominados Tancol por el gobierno venezolano.
Dichas agencias, cuyo representante especial conjunto para Venezuela es el operador Eduardo Stein (vinculado también a la doctrina R2P), lanzaron en diciembre pasado un plan de 1 mil 790 millones de dólares para «satisfacer las necesidades de los refugiados y migrantes venezolanos y sus comunidades de acogida en 2022».
Un punto a destacar en 2021 fue el desarrollo de acciones concretas como la firma del acuerdo con el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (ONU), David Beasley, que involucró a gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro y a un sector de la diplomacia de Estados Unidos que hasta ahora había sido fiel al plan Guaidó.
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Samantha Power no solo continuó sino que amplificó la narrativa de la emigración venezolana con puestas en escena en el Darién (Panamá) y el río Bravo (Estados Unidos) (Foto: Archivo)
De manera sinérgica con la continuidad en la intoxicación mediática masiva, Samantha Power seguirá en la orgía de fondos «humanitarios» que servirán para fortalecer gobiernos de derecha e izquierda que se posicionen contra Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Entretanto el actuar del halconato «humanitario» encabezado por Power y la Usaid se ha enfocado en extender la narrativa de la diáspora venezolana a zonas como la selva del Darién (entre Panamá y Colombia) y el río Bravo, y para ello han activado algunas puestas en escena que movilicen la atención tanto de los países centroamericanos como del mismo público estadounidense.
Como en el caso de Irak, Power no considerará genocidio ni crimen de lesa humanidad las más de 30 mil muertes que ocasionaron las medidas coercitivas unilaterales desde que su aliado Obama declarara a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria».
El doble papel de Samantha Power como «impulsora» de los derechos humanos y como incansable abogada a favor de la guerra no le incomoda y apenas empieza para Venezuela.
Fuente: Misión Verdad