Pakistán, despojos de una guerra jamás librada. Por Guadi Calvo

Desde octubre del año pasado, tras la decisión del gobierno pakistaní de no renovar las
visas de cientos de miles de refugiados afganos, que llegaron tras la victoria del Talibán el
riesgo de ser arrestados y deportados, se ha convertido es un espectro que les acecha de
manera constante.
Mientras que, Islamabad, ha ordenado razzias en todo el país, en procura de la detención de
todo ciudadano afgano, que no tenga sus papeles en orden, se han reportado denuncias que
tanto la policía, como las autoridades de migraciones, han “traspapelado” o “perdido”
mucha documentación. Con este tipo de manejos, centenares, han sido detenidos y
expulsados, sin respetar a los portadores de documentación vigente.
Estos procesos avanzan, a pesar de que Pakistán, al no ser signatario de la Convención de
Refugiados e 1951 y su Protocolo de 1967, no está obligado al “principio de no
devolución”, pero acordó con Afganistán y la Agencia de Refugiados de la ONU permitir a
la ACNUR, otorgar documentos para permanecer en el país, a espera de poder viajar a otros
países donde le brinden asilo.
Esta cacería la articula el Primer Ministro, Shehbaz Sharif, quien llegó al poder de manera
ilegítima en abril del año pasado, tras la destitución de Imran Khan, fraguada por los
Estados Unidos, el ejército y el establishment local, en un intento de distraer a la población,
que está viviendo una crisis económica.

Diferentes factores se han conjugado para profundizar en los últimos meses, ese desmadre
económico y político: deuda externa, saltos inflacionarios, incremento de las tasas de
desocupación, a lo que se le sumaron las catastróficas inundaciones del año pasado,
posteriores a una grave sequía, por lo que se han disparado los precios de los alimentos.
Acompañado, por el crecimiento de las operaciones del grupo terrorista Tehrik e Talibán
Pakistán, sospechados de estar vinculados a los mullah de Kabul. Y el crecimiento de la
popularidad de Imran Khan, que amenaza con volver al poder.
Más allá de cualquier análisis, lo real es que, Islamabad, se ha lanzado a la búsqueda y
captura de desterrados afganos, desde diciembre, pasado, por lo que el número, de esas
detenciones se ha incrementado de manera exponencial, cuando expiraron muchas de las
visas otorgadas a partir de la última gran ola de expatriados a partir de agosto del 2021, que
se calcula en unos 250 mil, un número probablemente menor al real y que se suman a los
casi cuatro millones, que, a lo largo de las imperecederas guerras de Afganistán, fueron
llegando al país vecino, aunque la ACNUR solo registra 1.320.000 de ellos. En diciembre
el gobierno de Sharif, anunció que no decretará una amnistía general, que le permitiera a
los afganos indocumentados permanecer en el país. Si bien en agosto pasado, ACNUR,
aumentó las subvenciones en efectivo que ofrece a quienes aceptan repatriarse
voluntariamente a Afganistán de 250 a 375 dólares, o 700 por familia, la cifra de retorno,
siguen siendo baja, algo más de seis mil en 2022, en un universo cercano a los cinco
millones.
Las denuncias también señalan que centenares de esos expatriados, están detenidos, de
manera ilegítima, en las peores condiciones en diferentes prisiones, en las que ya se
registraron, al menos, cuatro muertes vinculadas a las condiciones del encierro a los que

son sometidos. Entre los detenidos, también, hay una importante cantidad de menores
mantenidos en condiciones deplorables.
Islamabad, acaba de anunciar nuevas políticas, respecto a los refugiados ya afincados en el
país, por lo que sus movimientos serán restringidos, con la obligación de registrarse en la
policía, si viajan entre ciudades o provincias, ya que las fuerzas de seguridad creen que los
afganos, al poder movilizarse sin control, pueden ser utilizados por los terroristas.
También, se ha producido un aumento en la llegada de mujeres y jóvenes, que desde que el
Talibán ha comenzado a prohibirles el acceso a escuelas, universidades y a muchas áreas
laborales. Defensores de los derechos humanos en Pakistán, han dicho taxativamente que la
mayoría de los ciudadanos afganos que están cruzando al país: “lo hacen simplemente
porque no cuentan con otra opción”.
La mayoría de ellos son particularmente perseguidos por los rigoristas acusados de haber
colaborado con los norteamericanos o actuar contra el Islam: Soldados, jueces, periodistas,
defensores de los derechos humanos, chiítas hazaras, LGBTQI, músicos y cantantes. A lo
que se les agrega los inmigrantes económicos, sin ninguna perspectiva en Afganistán. Para
el trámite de renovación de visas, los afganos, están obligados a retornar a su país e iniciar
los trámites, por lo que, la gran mayoría se exponen a ser detenidos.
Mientras, estas políticas anti refugiados, decididas por el gobierno pakistaní, en la sociedad
de este país, ha comenzado a generarse la falsa creencia de que todo afgano es un talibán.
Este sentimiento forjado por el gobierno y los medios de comunicación que controla, le
permiten al Primer Ministro Sharif, seguir rechazando las solicitudes de asilo de millones
de personas apremiadas por la cada vez más acuciante realidad afgana.

Afganistán acaba de pasar un invierno brutalmente frío, con lluvias y nevadas, que
obligaron a suspender una gran cantidad de operaciones humanitarias de agencias
internacionales, lo que también ha sido propiciado por Kabul. Ya que el nuevo gobierno del
Estado Islámico de Afganistán, ve en cada extranjero un agente norteamericano.
Igual que sus vecinos del sur, Afganistán, también sufrió sequías, inundaciones, terremotos,
acompañadas de pésimas gestiones administrativas, lo que ha hecho la vida de los locales
cada vez más difícil. Afganistán tiene poco más de 28 millones de habitantes, de los cuales
veinte millones, enfrentan “hambre aguda”, nueve millones son desplazados internos, por lo
que se ha clasificado a la problemática, como la crisis humanitaria más grande del mundo.
Islamabad o la política del egoísmo.

El hecho que Pakistán, no haya adoptado la Convención de Refugiados de 1951 y su
Protocolo de 1967, lo que impide, a los estados firmantes, castigar a las personas que
ingresan ilegalmente a un país, En el caso de Pakistán, puede invocar la Ley de Extranjería
Nacional de 1946, por lo que pude castigar a los indocumentados, multarlos, detenerlos,
aplicarles penas de prisión y deportarlos.
De hecho, un juez en audiencia pública ha dicho que: “que los refugiados no merecían ser
vistos desde una perspectiva humanitaria; que eran criminales que estaban involucrados en
actividades terroristas en nuestro país”. Amparándose en el espíritu de hostilidad contra los
afganos, que se estableció, en vastos sectores de la sociedad, sino que también en el grueso
del poder judicial, en franca connivencia con el ejecutivo. Por lo que los afganos están

siendo especialmente maltratados, tanto por las autoridades penitenciarias, como por los
reclusos.
Por otra parte, se le ha prohibido trabajar y por carecer de documentación, tienen vedado el
acceso a viviendas, ya sea alquilar o comprar, no pueden abrir cuentas bancarias, se les
hace muy difícil conseguir un teléfono móvil y no se les permite recibir tratamiento médico
en instalaciones oficiales.
Si bien las autoridades paquistaníes, insisten en que solo se está deteniendo a los ilegales,
ya se han registrado que 450 afganos, con estatus de refugiado, también han sido
arrestados. Solo en tres días de enero fueron deportados seiscientos mientras que miles
siguen detenidos. El pasado sábado 25 de marzo fueron expulsados 331, setenta de ellos
después de haber estado detenidos varias semanas.
Con este reposicionamiento de Pakistán, se rompe la vieja tradición de brindar asilo y
protección a los afganos desplazados. Tradición que se había iniciado con el comienzo de la
guerra antisoviética, que provocó las primeras grandes oleadas en búsqueda de asilo,
alcanzando a los seis millones, solo 3.3 millones fueron localizados en 340 campamentos a
lo largo de la frontera en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa hacia fines de 1988. Lo que
Estados Unidos utilizó publicitariamente para mostrar la brutalidad soviética. Brutalidad,
que los norteamericanos perfeccionaron al extremo, durante sus veinte años de ocupación.
En este marco de la grave situación, que afrontan los afganos, de las diferentes etnias que
han llegado a Pakistán: tayikos, uzbekos, pashtunes, son los hazaras, quienes se llevan la
peor parte, ya que esta etnia chiita, es considerada como herética por el sunismo, lo que la
ha convertido en blanco de ataques y persecuciones a ambos lados de la frontera.

También se conoció el pasado día 24 de marzo, que unos 61 mil refugiados afganos,
localizados en la provincia iraní de Nimruz, fueron expulsados o regresaron
voluntariamente a su país en marzo. Lo que, según fuentes occidentales, sería
prácticamente más del doble del mes de febrero, en el que se habían superado los 37 mil.
Estados Unidos estableció una línea de Programas para refugiados conocidos como
Prioridad 1 y Prioridad 2 (P1 y P2) destinados a acelerar las visas para afganos en riesgo,
después de que el Talibán tomaran el poder. Millones de solicitantes de esas visas esperan,
en Pakistán, hace más de año y medio acceder a ellas en condiciones de extrema
vulnerabilidad.
Pero más allá de números, esperas y protestas, la cuestión de los refugiados afganos se ha
convertido en un drama, olvidado por el principal responsable de esta situación, los Estados
Unidos, que, tras su derrota, ha terminado abandonándolos, como despojos de una guerra
jamás librada.

Fuente: Resumen Latinoamericano