El Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS, sus siglas en inglés) publicó su tradicional informe de inicio de año sobre la solicitud de la administración de Joe Biden para la asignación del presupuesto a la asistencia exterior para América Latina y el Caribe correspondiente al año fiscal 2023, cuya cifra ronda los más de 2 mil 400 millones de dólares, siendo el mayor financiamiento que se ha asignado a la región en más de una década.
Cada año el Congreso estadounidense presupuesta una determinada cantidad de dólares, de acuerdo al criterio del gobierno de turno, que en el discurso se justifica con «brindar ayuda», pero realmente el único objetivo es ganar influencia en las políticas de los gobiernos extranjeros para que apoyen las prioridades e intereses de Estados Unidos. Así lo confirma Matthew Rooney del Instituto George W. Bush: «Al proporcionar estos fondos, Estados Unidos presiona a esos países para que prioricen los objetivos estadounidenses para la región».
¿A quiénes entregan esos fondos? El CRS señala que la mayor parte de esos recursos asignados se envían a las llamadas organizaciones no gubernamentales (ONG) en lugar de a gobiernos extranjeros. También, Rooney aclara que los recursos no se entregan al Estado o al gobierno del país receptor, sino que se crea un esquema de tercerización de la operación política: «Estados Unidos contrata a terceros como a las ONG o instituciones educativas para proporcionar bienes y servicios a los ciudadanos del país».
De esta manera, las ONG buscan instrumentalizar la agenda estadounidense a las comunidades o sectores locales donde oficialmente las agencias gubernamentales de ese país no pueden llegar directamente, entonces la asistencia material, técnica y hasta axiológica la trabajan desde una base social clave con un fin último que tributa a los intereses de Estados Unidos.
En el informe del CRS revela la distribución de los fondos tanto a cada país como hacia el sector adonde se brindará el financiamiento, sean asuntos sobre migración, narcotráfico, seguridad, democracia o asistencia militar. Para Venezuela, el CRS indica que la solicitud para este año fue de 55 millones de dólares para apoyar, a grandes rasgos, a «los actores democráticos y otras organizaciones de la sociedad civil». Incluso, en 2013 y en adelante, subrayan ese denominador común en torno al apoyo a la «democracia»:
«Estados Unidos tradicionalmente solo ha proporcionado pequeñas cantidades de asistencia debido a la riqueza petrolera del país y al nivel de ingreso per cápita relativamente alto. La asistencia se ha centrado en programas de democracia a ONG (…) la solicitud del año fiscal 2013 es de 3 millones de dólares en apoyo a la democracia, implementado por USAID (…) al mismo tiempo, algunos congresistas del comité se opusieron a los recortes en financiamiento de la democracia para Venezuela, ya que ellos sostienen que son vitales para ayudar a los defensores de la democracia».
Asimismo, en 2021 señalaron abiertamente que no es para fortalecer la democracia sino que el monto asignado de 33 millones de dólares son para apoyar a «la transición democrática en Venezuela (…) y es uno de los pocos países de la región para los que la Administración solicitó mayor asistencia, la solicitud de la Administración se debe a que se asumió que habría progreso hacia el restablecimiento de la democracia para el año fiscal 2021».
Esto no es sorpresivo porque las administraciones estadounidenses desde hace más de dos décadas ha invertido en la «democracia» que beneficia sus propios intereses. No obstante, llama la atención que la cifra va en aumento desde los últimos seis años, destacando así tres rasgos:
- El gran salto. En 2017, la asistencia rondaba los 7 millones de dólares que, al comparar con el año corriente, la asignación a la «democracia» aumentó a 55 millones de dólares.
- Tendencia en aumento. Desde 2017, la curva se mantiene bajo un comportamiento in crescendo. En ese año la administración de Donald Trump impuso la Orden Ejecutiva 13808 contra PDVSA, generando a partir de allí el recrudecimiento del esquema sancionatorio contra Venezuela.
- Inversión. Desde 2011 hasta el presente año, el total de financiamiento acumulado que ha reportado y proporcionado Estados Unidos a terceros para fortalecer al sector «democrático» de Venezuela registra más de 250 millones de dólares.
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Histórico de las asignaciones dinerarias de Estados Unidos a ONG en Venezuela (Foto: Misión Verdad)
Cabe resaltar que en 2017, Venezuela empezó a aparecer como parte importante en las consideraciones a asignar presupuesto, pues cuando se trata de la región de América Latina y El Caribe señalan cómo distribuyen las más grandes cantidades financiamiento a los destinos priorizados en la política exterior estadounidense. En el informe de este año lo indican así:
- Colombia. 462,9 millones de dólares para programas de antinarcóticos, acuerdo de paz y seguridad.
- México. 141.6 millones de dólares para fortalecer el estado de derecho.
- Cuenca del Caribe. 63,5 millones de dólares.
- Venezuela. 55 millones de dólares para actividades de democracia y derechos humanos.
Queda en evidencia que en cada año la cantidad asignada del presupuesto estadounidense para proyectos «democráticos» en Venezuela aumenta. En 2019, el presupuesto solicitado para fortalecer la democracia era de 22,5 millones de dólares; para 2022, el monto a invertir doblaba esa cifra, llegando a unos 48 millones de dólares.
El primer frente de este circuito político lo lleva la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, sus siglas en inglés), que en su manual de asistencia a partidos políticos, en el apartado «Apoyo a los intereses nacionales de Estados Unidos», explican que se fomenta dicha asistencia para que, en el marco de la gobernabilidad, los partidos políticos puedan apoyar a la seguridad nacional de los Estados Unidos y promover los objetivos de su política exterior.
Aunado a esto, exponen que el propósito de la implementación de esa asistencia a los partidos políticos o actores democráticos es que éstos puedan reflejar «los intereses» de todos los grupos sociales, siendo una pantomima discursiva debido a que aquellos sectores políticos financiados deben encubrir los intereses de Estados Unidos y aparentar que les importa el bienestar de alguna comunidad, sector o localidad con el fin de lograr la legitimidad impulsada «desde las bases», cuando realmente se trata de la imposición de la agenda estadounidense, porque precisamente, preparan a personas interesadas en cooperar con ellos. Así que resulta importante identificar y separar a las organizaciones que resuelven los problemas reales de las personas de las organizaciones que promueven la agenda interna de Estados Unidos bajo el pretexto de la «democratización de la sociedad».
Aunque la USAID es el centro emanador de este poder blando, en el informe reciente del CRS se reporta que ahora se asignaría 38 millones de dólares a otro brazo de apoyo en asistencia a la región, la Fundación Interamericana (IAF, sus siglas en inglés), para sus programas de asistencia entres los que incluyen como plan «integrar a los venezolanos en las comunidades anfitrionas».
De esta forma, Estados Unidos interfiere directamente en los asuntos internos del país, especialmente en los relacionados con temas de «democracia». Las ONG son solo una pantalla detrás de la cual operan estructuras completamente diferentes.
Los informes del CRS presentan una imagen instantánea mas no completa del financiamiento de lo que denominan «ayuda al exterior» de Estados Unidos a Venezuela (y la región latinocaribeña), ilustrando en general que algunas ONG fungen como instrumento de la política exterior de Washington. En este caso, el capital dinerario incrementado año tras año confirma que el plan injerencista de «transición democrática» tiene preeminencia en los intereses estadounidenses.
Fuente: Misión Verdad
