Más de 40 millones personas viven en condiciones de esclavitud en todos los continentes. Una parte significativa son niñas y niños. A tres semanas del inicio de la V Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil, en Durban, Sudáfrica, el esclavismo moderno vuelve a estar en la mira de la sociedad civil planetaria
El neo esclavismo
Si bien la esclavitud tiene raíces históricas muy antiguas es un fenómeno social vigente. La trata de seres humanos, la servidumbre por deudas, el trabajo doméstico forzoso y el trabajo infantil son algunas de sus expresiones actuales.
Según las Naciones Unidas, en 2016 unos 40 millones de personas padecieron alguna forma de esclavitud moderna.
El sitio Web Statista, que retoma el Índice Global de Esclavitud 2018, calculaba en más de 25 millones las personas esclavizadas ese año. Número con el que coincide la Campaña internacional 50 for Freedom (50 por la Libertad) que se lanzó en 2016 con el objetivo de que al menos 50 naciones suscribieran el nuevo Protocolo sobre Trabajo Forzoso de las Naciones Unidas.
La radio internacional alemana Deutsche Welle publicó en noviembre del año pasado un informe completo sobre el tema. En el mismo retoma la cifra de 15 millones de personas atrapadas en matrimonios forzados y unos 25 millones en trabajos forzosos.
Las mujeres y las niñas se ven afectadas de manera particular por esta lacra, llegando a representar un 71% de las víctimas del trabajo forzoso. Más de 150 millones de niños y niñas (casi uno/a de cada diez) se hallan sujetos al trabajo infantil en todo el mundo.
Según la Confederación Sindical Mundial, el trabajo infantil involucra a niños y niñas menores de 18 años que resulte mental, física, social y/o moralmente peligroso o perjudicial y que interfiera con su escolarización.
En tanto el trabajo (o servicio) forzoso es aquel que se desempeña contra la propia voluntad y se realiza bajo amenaza de castigo. Se implementa en proporciones cada vez mayores de la economía privada, en sectores de mano de obra intensiva y escasamente regulados, como la construcción, la agricultura, la pesca, el trabajo doméstico y la minería, así como la prostitución.
El trabajo forzoso y el infantil están estrechamente vinculados: se dan en las mismas zonas geográficas y en las mismas industrias y su causa principal reside en la pobreza y la discriminación. La mitad de las personas que realizan trabajos forzosos son niña-os.
Según la ONG australiana Walk Free, especializada en el tema, los dos países más afectados por el esclavismo son Corea del Norte y Eritrea, con casi 100 personas de cada mil en esa situación. Entre las naciones más vulnerables a nivel de esclavitud se encuentran la República Centroafricana, Sudán del Sur y Afganistán, muy afectadas por interminables conflictos bélicos.
Sin embargo, dicho fenómeno, no solo impacta en el Sur, sino también en países de alto nivel de desarrollo. Según la Campaña internacional 50 for Freedom, más de un millón y medio de personas en Europa, América del Norte, Japón y Australia también viven en condiciones de esclavitud similares.
Del total de esclavos y esclavas modernos, el 68% padece trabajo forzoso en situaciones de explotación laboral. Un 22% es víctima de explotación sexual, y un 10% debe realizar trabajos forzados impuestos por el Estado.
Basándose en datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ya hace ocho años estimaba los beneficios anuales de la esclavitud en más de 150.000 millones de dólares, 50 for Freedom sostiene que esta práctica inhumana constituye un negocio con ganancias sorprendentes.
El informe de la OIT Ganancias y Pobreza: Aspectos económicos del Trabajo Forzoso (Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour) de 2014 señalaba que dos terceras partes de dicha cantidad –aproximadamente unos 99.000 millones de dólares– provenían de la explotación sexual comercial, mientras que otros 51.000 millones resultaban de la explotación forzosa con fines económicos, la cual abarca tanto el trabajo doméstico como la agricultura y otras actividades productivas. El informe también indicaba que, significativamente, las ganancias anuales por cada víctima de trabajo forzoso eran mucho más altas en las economías desarrolladas que en cualquier otra.
Los desafíos de la Conferencia de Durban
En junio de 2021 la ONU contabilizaba 160.000.000 de niñas y niños forzados a trabajar en todo el mundo. 8.400.000 más que en 2016, y en un marco social muy preocupante debido a la pandemia, que incrementó notablemente la situación de riesgo de la infancia en general.
La V Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil, convocada para el 15 al 20 de mayo próximo, se reunirá en este contexto complejo y cuando faltan solo tres años para alcanzar la meta de la eliminación del trabajo infantil, que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU propusieron para 2025. Y a solo ocho años del plazo propuesto para la erradicación de todo tipo de trabajo forzoso.
Se realizará, además, en un momento muy particular de lenta recuperación social de la pandemia, la cual, según los organizadores de Durban, tuvo “efectos devastadores en la salud, el progreso económico, la igualdad y el desarrollo social”.
Los organizadores de Durban esperan que la V Conferencia –que tendrá un formato híbrido, con participación presencial y virtual– debata un tema esencial: la erradicación del trabajo infantil como condición para un rendimiento positivo del mercado de trabajo. Para ello, sugieren incorporar un enfoque centrado en el ser humano (más que en la economía) y que tenga en cuenta la educación, el desarrollo de competencias, el aprendizaje a lo largo de la vida y la transición de la escuela al trabajo decente.
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que convoca este cónclave junto con el Gobierno de Sudáfrica, es fundamental que se analice la prevalencia tan marcada del trabajo infantil en el sector agrícola y ganadero, así como su estrecha relación con la pobreza, la informalidad y la necesidad urgente de formular estrategias de supervivencia familiar. La OIT además propone que se avance en la formalización gradual de la economía informal y la mayor creación de trabajo decente; que se inviertan recursos adicionales y que se apliquen políticas específicas dirigidas a las causas mismas del trabajo infantil, así como del trabajo forzoso.
Contra el flagelo esclavista
La Campaña 50 for Freedom ha reunido unas 90.000 firmas en apoyo del Protocolo sobre el Trabajo Forzoso. Y en marzo de 2021 logró –con la adhesión de Sudán–, que el número de los Estados signatarios llegue a 50. En abril de 2022, ya son 59 las naciones que han rubricado el Protocolo. Nueve de las cuales se encuentran en el continente americano: Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Perú y Surinam.
La Campaña 50 for Freedom es promovida por organismos de las Naciones Unidas, centrales sindicales y empresarias mundiales, así como por ONG humanitarias y de desarrollo como Caritas, Global Citizen, Forum Migration y Walk Free, entre otras. Dicha Campaña continúa vigente dado que los Estados signatarios apenas superan el tercio de las naciones que integran la ONU. Adicionalmente, potencias mundiales de referencia como Estados Unidos y China no han suscrito el Protocolo.
Si bien desde 1930 existe un Convenio sobre el Trabajo Forzoso, los promotores del nuevo Protocolo sostienen que en el presente existen nuevas y más complejas formas de esclavitud, incluso más difíciles de combatir.
El Protocolo sobre trabajo forzoso complementa, entonces, el Convenio de 1930, agregando nuevos elementos. Intenta abordar las causas profundas de la esclavitud para que se pueda eliminar de una vez por todas. Además, exige a los empleadores que actúen bajo el principio de “diligencia debida” para evitar la esclavitud moderna en sus prácticas comerciales y las cadenas de aprovisionamiento.
El Protocolo se define como un instrumento vinculante, es decir, que requiere que los gobiernos adopten las medidas necesarias para luchar contra la esclavitud moderna en todas sus formas. Y busca actuar en tres niveles: eliminar el trabajo forzoso, proteger a las víctimas y garantizar su acceso a la justicia y la indemnización.
Los países signatarios deben garantizar que todos los trabajadores y trabajadoras en todos los sectores estén protegidos por la legislación nacional. Esto significa que deben reforzar la inspección laboral y otros servicios para eliminar prácticas esclavizantes. Además, comprometerse a adoptar medidas adicionales para educar e informar sobre crímenes de esclavitud, como la trata o comercio de seres humanos.
Por último, el Protocolo garantiza el acceso de las víctimas a recursos jurídicos y de reparación y no es necesario que sean residentes legales del país donde trabajan. También las protege de eventuales sanciones por actividades ilícitas que pudieron haber cometido involuntariamente durante su período de esclavitud. Al mismo tiempo, los Estados deberán sancionar las prácticas abusivas y fraudulentas de esclavitud moderna por parte de contratistas y agencias de empleo.
Aunque la esclavitud constituye una tragedia muy bien conocida a lo largo de la historia, a muchos Estados les resulta muy difícil reconocerla en sus formas modernas, y aún más difícil aun, de confrontarla. La memoria tan corta de una parte de la humanidad esconde la magnitud de la tragedia, y esto contribuye a perpetuar la mentalidad esclavista que tanta ruina ha causado hasta el presente. Muchos de los negreros de 2022, empecinados en seguir traficando con seres de carne y hueso, continúan disociando el esclavismo moderno del antiguo y siguen “traficando” con total impunidad.
Fuente: Resumen Latinoamericano
