Israel continúa con la ocupación ilegal del territorio palestino a través de la construcción de viviendas en asentamientos habitados principalmente por fanáticos sionistas.
El derecho internacional y la legislación que lo sostiene, y que los países que integran la Organización de Naciones Unidas (ONU) deben respetar y cumplir, para los sucesivos gobiernos israelíes es poco menos que basura. Un desecho descartable, que se puede pisotear y restregar por el suelo, y después tirar al gran contenedor mundial de derechos violados por el propio Estado israelí. Ese contenedor, por supuesto, parece no tener fondo.
Desde que asumió, la administración israelí de coalición (que incluye a un partido árabe) -y que fue tan promocionada por la prensa mundial y una buena cantidad de gobiernos como la contracara de Benjamín Netanyahu- no deja de pisar en las huellas que dejó su antecesor. El “aplaudido” gobierno del primer ministro Naftalí Bennett solo es una administración que se muestra con un rostro más humano ante las decadentes y corrompidas décadas de Netanyahu en el poder. Pero la esencia de las políticas que el Estado de Israel impone a los palestinos y las palestinas es idéntica.
Una prueba de ello se conoció este fin de semana. El domingo, las autoridades israelíes anunciaron la licitación para construir 1.335 nuevas viviendas para colonos judíos en los asentamientos de la Cisjordania palestina ocupada. A este plan se le suman las más de 2.000 casas y apartamentos anunciados en agosto por Bennet, un proyecto que esta semana recibiría la autorización definitiva del Ministerio de Defensa israelí.
Las nuevas viviendas serán construidas en siete asentamientos, incluidos los de Ariel (norte de Cisjordania), Beit-El (cerca de Ramallah) y Elkana (noroeste de Cisjordania). Medios internacionales indicaron que esas zonas se convirtieron “en ciudades tan populosas que sería virtualmente imposible desalojarlas un día para dejar hueco a un Estado palestino”. Para la ONU, estos asentamientos israelíes no tienen “validez legal” y los califica de “flagrante violación” contra el derecho internacional. Algo que, como es bien sabido, poco importa a los gobernantes de Tel Aviv. Por eso, las sucesivas administraciones israelíes nunca dejaron de construir colonias ilegales en territorio palestino desde 1967.
Ante esta situación, desde Washington manifestaron su preocupación por los planes de construcción israelíes. Aunque esa declaración –como otras cientos muy similares- solo quedan impresas en papeles de muy buena calidad con membrete de la Casa Blanca. A pesar de que, con Donald Trump, la administración estadounidense mostró su lado más servil con Israel, los gobiernos demócratas siempre intentan mostrarse preocupados por la situación de los palestinos y las palestinas. Pero esa postura es una simple pantalla para los ilusos del mundo. Desde hace mucho tiempo, religiosamente Estados Unidos envía más de 3.000 millones de dólares a Israel para “ayudas militares”.
Se calcula que, en la actualidad, en los asentamientos ilegales israelíes viven 700.000 personas. Para el ministro israelí de Vivienda, Zeev Elkin, esto no es una preocupación. “Después de un largo período de estancamiento en la construcción, doy la bienvenida a esta licitación. Continuaré manteniendo asentamientos judíos en Judea y Samaria (denominación israelí para los territorios palestinos de Cisjordania)”, declaró el funcionario luego del anuncio de las nuevas construcciones. Según Elkin, este plan “es algo necesario y muy importante en la visión de la empresa sionista”.
Por su parte, el diputado israelí Mossi Raz, del partido Meretz –que integra la coalición de gobierno-, afirmó que “construir en asentamientos fuera de Israel daña a Israel” y expresó que, con este tipo de medidas, Bennett muestra que está “diez grados a la derecha del anterior gobierno”.
La impunidad del gobierno israelí y de los colonos judíos quedó demostrada la semana pasada, cuando se conoció que en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania, se van a edificar 31 viviendas nuevas gracias a una concesión firmada en octubre del año pasado por el gobierno de Netanyahu. La organización Paz Ahora denunció que “el precio moral y político de tener un asentamiento en Hebrón es insoportable”. “El (actual) gobierno está actuando como un gobierno de anexión, no como un gobierno de cambio”, remarcaron desde la ONG israelí. Desde Paz Ahora recordaron que “desde la década de 1980, ningún Ejecutivo se ha atrevido a edificar un nuevo asentamiento en el corazón de la ciudad palestina más grande de Cisjordania, con la excepción de un edificio construido bajo los auspicios de la Segunda Intifada en el 2001”.
En un artículo publicado en El Periódico, de España, se recordó que “más de 1.000 colonos judíos viven bajo alta protección militar israelí en el centro de la sureña ciudad de los territorios palestinos ocupados. Habitan entre 200.000 palestinos nativos de la urbe. Hebrón es hogar de la mezquita Ibrahim o la Tumba de los Patriarcas, lugar sagrado para el judaísmo y el islam. Esto la ha convertido en un foco de tensión, ya que en ella habitan los colonos más radicales que han dividido la ciudad y se enfrentan a menudo a la población local. Hebrón muestra el retrato más cruel de la ocupación israelí”.
La permanente colonización israelí de los territorios palestinos no tiene solamente la complicidad de la propia ONU y de gobiernos de las más diversas posturas. En septiembre de este año, se conoció que 672 entidades de crédito europeas financian a empresas con negocios en los asentamientos israelíes desde hace casi cuatro años. La revelación aparece en una investigación difundida por una coalición de 23 organizaciones árabes y europeas. En el informe no se detalla si la inversión de estas entidades se destina a los proyectos de infraestructuras en los territorios ocupados o si solo financian a empresas que operan en esos territorios.
Según la investigación, las 672 instituciones financieras europeas ofrecieron préstamos o garantizaron líneas de financiación por un total de cerca de 100.000 millones de euros entre enero de 2018 y mayo de 2021. Otros 120.000 millones de euros se invirtieron en acciones y bonos de algunas de estas firmas, como Airbnb, Alstom, Cemex, Motorola, Siemens, Solvay, Tripadvisor o Volvo.
En 2021, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicó una lista de 112 compañías que hacen negocios en los asentamientos. Entre las principales que se destacan, se encuentran Airbnb, TripAdvisor, el conglomerado industrial francés de material ferroviario Alstom o la agencia de viajes virtual eDreams.
Aunque las pruebas sobre las violaciones al derecho internacional que comete Israel se acumulan en los despachos de la ONU, por ahora, ningún gobernante o directivo del organismo internacional está dispuesto a enfrentar a Tel Aviv. Y mucho menos están dispuestos a hacer respetar el derecho legítimo de los palestinos y las palestinas a habitar su tierra.
Fuente: https://latinta.com.ar/// Palestinalibre.org
