América Latina se ha convertido en el epicentro de las mayores luchas políticas del siglo XXI porque fue el epicentro del neoliberalismo en el mundo. Era la región que tenía los gobiernos más neoliberales y radicales. Por lo tanto, pasó a ser la región donde se desarrollaron los gobiernos antineoliberales, convirtiéndose así en el escenario fundamental de las disputas más importantes del mundo en el siglo XXI.
La primera década del siglo estuvo marcada, en América Latina, por el surgimiento de un grupo de gobiernos antineoliberales, que pusieron en práctica un conjunto de medidas que atacaron el principal factor que afecta al continente: las desigualdades sociales. La segunda década vio la reanudación de la iniciativa de la derecha, que restableció gobiernos neoliberales en países como Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, ya sea a través de golpes de Estado, como en Brasil y Bolivia, o mediante elecciones, Argentina y Ecuador.
Incluso a fines de esa década, en algunos de estos países -Argentina y Bolivia- se restablecieron gobiernos antineoliberales mediante elecciones democráticas. Mientras tanto, México se unió al grupo de gobiernos antineoliberales y otros países comenzaron a vivir disputas políticas abiertas, como Perú y Chile.
El continente entra en la tercera década del siglo XXI con una perspectiva optimista, si Lula es elegido en Brasil, permitiendo, por primera vez, que los tres países más grandes del continente tengan gobiernos convergentes, antineoliberales, que podrían retomar el proceso de la integración latinoamericana de manera más amplia que los intentos anteriores.
Aunque se confirme esta proyección, el continente seguirá siendo víctima de inestabilidades y disputas hegemónicas, que lo han marcado a lo largo de este siglo. Esto sucede por una serie de razones, internas y externas a los países y al propio continente.
A nivel internacional, el surgimiento de gobiernos antineoliberales en América Latina siempre ha tenido que convivir en un entorno marcado por la hegemonía de regímenes e instituciones neoliberales. Esta convivencia fue siempre un factor de tensiones e inestabilidades, lo que dificultó la consolidación de aquéllos. Las políticas del FMI y del Banco Mundial, entre otros factores, jugaron en contra de las tendencias imperantes en los gobiernos antineoliberales, además de la acción de Estados Unidos, con todo el peso que sigue teniendo en el continente.
En un país como Brasil, ya han sido cinco años de inestabilidad y feroces disputas políticas, entre gobiernos neoliberales reinstalados a través de un proceso de guerra híbrida, como una nueva forma de golpe y ruptura de la democracia desde adentro. El año que viene promete la continuación del debilitado gobierno actual, conviviendo con el favoritismo de Lula para ser elegido –incluso en la primera vuelta de las elecciones de octubre de 2022-. Como dice el refrán, el país debería empeorar aún más, hasta que pueda mejorar, a partir de 2023.
Argentina, un país en el que se retomó un gobierno neoliberal con Mauricio Macri, que reveló brechas para reinstaurar el modelo neoliberal, con su incapacidad para resolver los principales problemas del país y ganar un apoyo social y político que le diera estabilidad. Rápidamente se debilitó y fue derrotado en las primeras elecciones presidenciales y Argentina retomó la senda antineoliberal.
Pero incluso el actual gobierno tuvo un revés en las elecciones de mitad de período, perdiendo una mayoría absoluta en el Congreso, aunque mantuvo una mayoría relativa. Lo que hace prever mayores dificultades para que Alberto Fernández gobierne en la segunda mitad de su mandato, con las próximas elecciones presidenciales en el horizonte.
En el caso de Bolivia, aunque el MAS ganó las nuevas elecciones presidenciales en la primera vuelta, la acción golpista impidió que Evo Morales y Álvaro García Linera se presentaran como candidatos. Se eligió a Luis Arce, quien había sido ministro de Economía durante 13 años, pero sin la experiencia política para asumir el cargo de presidente y sin el peso político de Evo Morales, quien asumió como presidente del MAS. David Choquehuanca asumió como vicepresidente, líder sindical y excanciller, con más experiencia política, pero en su conjunto los nuevos líderes con menos experiencia para enfrentar la constante ofensiva opositora, que impide que el nuevo gobierno, aunque democráticamente elegido en primera vuelta, pueda gozar de la estabilidad indispensable para enfrentar los problemas económicos y sociales que sufre Bolivia.
El Perú vive las difíciles condiciones de un presidente electo por estrecho margen, contando básicamente con votos de la periferia del país, mientras la capital concentra las fuerzas de la derecha. Todavía Pedro Castillo no ha podido formar un gobierno con fuerzas estables que lo respalden; debió hacer concesiones al centro político, perdiendo el apoyo del mismo partido que lo eligió. Enfrenta un Congreso hostil, que tiene un mecanismo legal para imponer un juicio político al presidente, con el que constantemente es amenazado. El destino del gobierno de Castillo aún no se ha definido.
Chile ha vivido, desde 2019, el proceso más extenso de movilizaciones populares, que desembocó en la conquista de una modalidad de Asamblea Constituyente, para lo cual eligió a una mayoría de parlamentarios independientes, seguida de votantes por el Frente Amplio, que representa a la nueva izquierda del país. Comenzó a funcionar la Asamblea Constituyente, con decisiones progresistas que entierran permanentemente los legados sobrevivientes del pinochetismo. Sin embargo, la primera vuelta de las elecciones presidenciales resultó en el liderazgo de un candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, seguido de cerca por Gabriel Boric del Frente Amplio. El resultado de la segunda vuelta está en disputa, con el apoyo del principal partido de derecha a Kast y de la alianza Democracia Cristiana-Partido Socialista a Boric. Es una disputa abierta, pero que proyecta que la victoria de cualquiera de los dos no resolverá, de una vez por todas, la inestabilidad política que vive el país desde hace dos años.
La fuerza de los gobiernos y partidos antineoliberales en América Latina aún es insuficiente para imponer una mayoría política y social estable, que permita la implementación de un programa antineoliberal, en alianza con otras fuerzas del continente. Parte de esto se debe a la falta de experiencia política – los casos de Bolivia, Perú y Chile -, otros a las condiciones internas muy adversas.
Entre estos se encuentran la hegemonía de valores neoliberales que sobrevivieron a un período anterior, entre ellos el estilo consumista -basado en el “estilo de vida estadounidense” -, las posiciones antipolíticas, antipartidistas y antiestatales, entre otras.
Las formas de judicialización de la política (lawfare) tuvieron un peso determinante en países como Brasil y Bolivia, además de la amenaza permanente de utilizar este mecanismo por parte de la derecha en varios países, reforzando tendencias de inestabilidad política.
Otro factor determinante es el peso de los medios de comunicación, dominados por fuerzas y posiciones conservadoras, que imponen consensos de derecha en la política y en los valores generales de la sociedad.
Las fuerzas antineoliberales aún carecen tanto de coordinación entre sí y, sobre todo, de un programa estratégico –además de las emergencias a corto plazo, para atender las necesidades urgentes de la población– que proyecte transformaciones estructurales, un profundo programa de democratización del país-.
Hasta que esto sea posible, América Latina seguirá en crisis, con tendencias favorables para su tercera década del siglo XXI, a pesar de coexistir con factores de inestabilidad. Su futuro depende de las elecciones en Chile, Brasil y Colombia, principalmente. Además de la evolución de la situación interna de la crisis en Perú y Chile, así como de los desarrollos en Argentina. Depende también de la capacidad de los gobiernos antineoliberales para enfrentar los temas antes mencionados, incluidas las disputas ideológicas y superar, entre otros, el peso determinante de los medios de comunicación.
