En un contexto militarizado, de conflicto armado interno y con una Declaratoria de Estado de Excepción, expedida por el candidato-presidente Daniel Noboa, 24 horas antes de las militarizadas elecciones del pasado 13 de abril, en los días postelectorales arrecia la persecución política y las vulneraciones de los derechos humanos.
Se ha hecho público el impedimento de salir del país a una lista de 100 personas, en la que figura el binomio presidencial, Luisa González y Diego Borja, y el equipo de campaña del Movimiento Revolución Ciudadana, así como dirigentes de ese movimiento, autoridades locales, periodistas, y otros.
Asimismo, luego de declaraciones del mandatorio sobre poner fin al “correismo”, está en el escenario no sólo una expresión de autoritarismo político al pretender suprimir la oposición, sino también una amenaza real sobre la vida y seguridad de adherentes y simpatizantes del Movimiento Revolución Ciudadana, que en términos electoriales involucra a alrederor de la mitad del país. Es más, el recurso a actores extra estatales como es el caso del mercenario Erik Prince, con quien el presidente a rubricado un “acuerdo estratégico”, violan la constitución garantista de derechos, que establece procedimientos democráticos para cualquier actuación frente a la ciudadanía.
En un ámbito de suspensión de los derechos fundamentales de la ciudadanía, amenazas graves como la proferida contra la vida del periodista Orlando Pérez, muestran que en Ecuador están conculcados los derechos a la libertad de opinión y pensamiento, así como las libertades relativas al ejercicio periodístico, lo que afecta además el derecho de la ciudadanía a acceder a información diversificada.
Con esos antecedentes:
- Hacemos un llamado a los organismos internacionales, defensores de la democracia y de los derechos humanos a velar por el retorno de Ecuador a la constitucionalidad, la institucionalidad democrática, la vigencia de los derechos y libertades y el cese de toda acción autoritaria.
- Instamos al cese de la las acciones beligerantes y la campaña de odio promovida desde el gobierno de Daniel Noboa y transmitida en muchos medios de comunicación, que estigmatiza a la oposición, propicia el incremento de acciones intimidatorias cometidas impunemente por las fuerzas del orden e instiga a actitudes hostiles en la sociedad.
- Exhortamos al gobierno a ceñirse a los prinicipios democráticos amparados en la Constitución y la legislación. Los recurrentes decretos de estado de excepción vulneran la vigencia democrática. Debe suspender de inmediato el decreto 599, expedido en el marco electoral, sin que ningún hecho excepcional haya sobrevenido para suspender los derechos fundamentales de la ciudadanía. Ese decreto contradice la doctrina jurídica y las normas internacionales que establecen que los estados de excepción no deben afectar derechos políticos ni procesos democráticos, como es el contexto electoral y post electoral actual.
- Exigimos a la restitución immediata de la libertad de reunión, del derecho a la libre movilidad, a la inviolabilidad de domicilio y otros derechos que han sido conculcados como sólo se ha visto en regímenes dictatoriales. Urgimos particularmente a la restitución del derecho a la inviolabilidad de la correspondencia y al cese de la obligación de ‘colaborar’, que apremia a las operadoras de telecomunicaciones y relacionadas a entregar correspondencia, datos e informaciones personales o institucionales a las fuerzas del órden.
Ecuador merece vivir en democracia y volver a ser un estado de paz.
16 de abril 2025.
