Por Lorenzo Santiago.
El gobierno venezolano ha denunciado la participación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAid) en el financiamiento de la oposición de extrema derecha y el apoyo a estos grupos en un intento de “desestabilizar el país”. Pero aunque estas acusaciones aún no han sido probadas, la agencia tiene un largo historial de interferencia política ya conocido en Venezuela.
El primer paso en esta trayectoria fue el trabajo de la Oficina de Iniciativas de Transición (OTI) de USAid junto a la embajada de Estados Unidos en Caracas y la oposición en el golpe de Estado contra el expresidente Hugo Chávez en 2002. En ese momento, los opositores salieron a las calles liderados por el empresario Pedro Carmona Estanga y Carlos Ortega, entonces presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).
En ese momento, Chávez fue coaccionado por las Fuerzas Armadas a renunciar, bajo amenaza de bombardeos contra Palacio de Gobierno. Al negarse a dejar el cargo, el presidente terminó arrestado y sacado a la fuerza de Miraflores por los militares golpistas. Estuvo preso durante tres días, pero el apoyo popular masivo que pedía su regreso cambió el rumbo y los militares de Caracas arrestaron a Carmona y pusieron fin al golpe.
En un documento clasificado del Departamento de Estado de Estados Unidos de julio de 2002, el entonces embajador William Brownfield niega cualquier participación directa en el complot, pero afirma haberse reunido con la OTI y la oposición venezolana en los días previos al golpe de abril. Otro agente importante de esta participación es la NED. La organización no gubernamental recibió financiación directa de USAid y ayudó en ese momento a entrenar a los opositores.
La OTI se instaló en Caracas un mes antes del golpe, el 11 de abril de 2002. El objetivo era “estudiar el actual ambiente político-social en Venezuela e identificar otras posibles oportunidades de programas para que Estados Unidos apoye los procesos democráticos”.
Según la propia agencia, la OTI fue creada con la idea de tener un fondo flexible de pequeños pagos, con un desembolso rápido de US$ 1 millón (R$ 5,7 millones), “capaz de responder a la rápida evolución de la situación política en Venezuela”.
Durante el golpe, el presidente del Instituto Republicano Internacional (IRI), George A. Folsom, afirmó que trabajaría junto con organizaciones asociadas en Venezuela. El instituto recibe dinero directamente de USAid y afirma en su sitio web que trabaja en Venezuela desde hace más de una década para “proteger el espacio democrático, promover la participación cívica y apoyar a quienes quieren un cambio pacífico”.
La presencia en el golpe contra el ex presidente, sin embargo, fue sólo uno de los primeros pasos de USAid en Venezuela. Más tarde, en agosto de 2006, el diario Los Angeles Times afirmó que la OTI había enviado más de 220 millones de dólares desde 2002 a programas en Venezuela, distribuidos en más de 220 pequeñas subvenciones. El monto estaría destinado a la “Iniciativa de Fomento de la Confianza de USAid en Venezuela”.
Si USAid participó en el financiamiento de la oposición, el gobierno de Estados Unidos participó activamente en la política venezolana. Documentos filtrados por Wikileaks revelaron que en 2006, el entonces embajador de Estados Unidos en Caracas, William Brownfield, envió un telegrama a otras embajadas y al Comando Sur de Estados Unidos, con sede en Miami, indicando que, desde 2004, estaba cumpliendo una tarea en Venezuela con 5 objetivos: Fortalecer las instituciones democráticas; penetrar la base política de Chávez; dividir al chavismo; proteger empresas vitales de EE.UU.; y aislar a Chávez internacionalmente.
Uno de los grupos que recibió financiamiento estadounidense fue la ONG Súmate, liderada por la ex congresista ultraliberal María Corina Machado. Documentos de WikiLeaks muestran que la propia embajada de Estados Unidos cuestionó la estrategia de este grupo de deslegitimar el sistema electoral en ese momento. Según la diplomacia estadounidense, esto habría perjudicado a la propia oposición en las elecciones legislativas de 2005, cuando la oposición realizó un boicot que entregó el control de la Asamblea al chavismo.
La misma embajada estadounidense pidió en 2009, según documentos de WikiLeaks, un aumento de recursos a la OTI para programas “vitales para preservar y fortalecer las instituciones y prácticas democráticas que persisten en Venezuela”, según el entonces encargado de negocios, John Caufield. Chávez ordenó la expulsión de la OTI de Venezuela en septiembre de 2010, acusando al grupo de financiar actividades desestabilizadoras en el país.
De 2014 a 2024, Venezuela fue el sexto país de América Latina en recibir más dinero de USAid. En ese período, el monto se multiplicó 26 veces y pasó de US$ 8 millones hace 10 años a US$ 211 millones asignados el año pasado. Esa cifra aumentó a 73 millones de dólares en 2019, el año en que Estados Unidos respaldó a Guaidó como autoproclamado presidente.
Un año después, en 2020, las contribuciones de varias agencias federales estadounidenses, pero principalmente USAid, habían aumentado a 163,3 millones de dólares. En 2021 ascendieron a US$ 197,6 millones y, en 2022, a US$ 209,4 millones.
El gobierno de Donald Trump anunció el cierre de la agencia a principios de este mes. La misión de USAid es proporcionar recursos financieros a otros países en forma de ayuda humanitaria y proyectos de desarrollo.
Las operaciones del organismo fueron suspendidas por 90 días con el argumento de reducir el gasto público. La política de Trump se denominó “reevaluar y realinear la asistencia exterior de Estados Unidos”. El nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, es responsable de USAid y dijo que la agencia, en muchos casos, participa en programas que “van en contra” de lo que la administración Trump intenta hacer como estrategia nacional.
