Por Geraldina Colotti.
Dieciséis candidatos, dos mujeres y catorce hombres, se presentan en las elecciones presidenciales de Ecuador el domingo 9 de febrero. El día 7, cerraron una campaña electoral marcada, además de los altísimos niveles de violencia, por los planes de Trump para América Latina. Si el actual presidente, Daniel Noboa, fuera reelegido, el magnate estadounidense tendría la alfombra roja desplegada en consonancia con el empresario neoliberal “de mano dura”, que recibió con entusiasmo la propuesta de deportar a sus connacionales migrantes; y que evidencia su idea de imitar las políticas de Trump.
No es casualidad que haya considerado “histórica” la invitación a asistir a la toma de posesión del magnate para su segundo mandato, junto a figuras de la ultraderecha latinoamericana, como el argentino Javier Milei, el salvadoreño Najib Bukele y, aunque tras bambalinas, Edmundo González Urrutia, quien aspira a ser el nuevo presidente “autoproclamado” de Venezuela, pese a que las elecciones las ganó Nicolás Maduro.
Noboa recibió con los brazos abiertos al nuevo secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, portavoz de los sectores más reaccionarios de Miami, en su primer viaje a lo que le gustaría volver a dominar como el “patio trasero”. No en vano, uno de los primeros decretos emitidos por Trump fue para volver a inscribir Cuba en la lista de países que “patrocinan el terrorismo”, clausurando el breve período en el que la administración saliente de Biden la había sacado de la absurda lista.
Entre los países que visitó Rubio estuvo Panamá, que Trump ha amenazado con invadir para tomar el control del Canal, un centro de comercio clave donde China ha ido creciendo en presencia. El gobierno panameño, ciertamente nada independentista, ha aceptado llegar a un acuerdo con Trump sobre el tema migratorio, una auténtica obsesión del magnate junto a la de los aranceles.
Noboa siguió rápidamente el ejemplo, imponiendo aranceles a los productos mexicanos y exacerbando una crisis bilateral que estalló cuando allanó la Embajada de México en Quito, para secuestrar violentamente al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, que beneficia de asilo político en México. En una defensa frontal de los intereses estadounidenses, el 14 de diciembre de 2024, Noboa autorizó al gobierno de Estados Unidos a instalar una base militar en las Islas Galápagos, de conformidad con los tratados de cooperación firmados en octubre de 2023 entre ambos países.
Esto permite la inmunidad diplomática en un eventual desembarco de tropas y la presencia de barcos, submarinos y personal militar estadounidense para “combatir la inseguridad” en Ecuador, y en efecto la pérdida de soberanía sobre las islas. El gobierno de Rafael Correa había decidido no renovar las concesiones de bases militares estadounidenses, mientras que ahora la decisión de Noboa, de permitir una mayor presencia norteamericana en el océano Pacífico frente a China, viola la Constitución ecuatoriana.
En ese contexto, las elecciones ecuatorianas se presentan en medio de una fragmentación política, pero con un escenario en el que, según las encuestas, habrá un cara a cara entre la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, y el actual presidente, Daniel Noboa.
Si ningún candidato obtiene el 50% de los votos o al menos el 40% con un margen de 10 puntos sobre el candidato que quedó en segundo lugar, se realizará una segunda vuelta, el 13 de abril, en la que participarán los dos candidatos más votados. Los electores elegirán, además de la fórmula presidencial para el periodo 2025-2029, también a los 151 representantes del Parlamento y a los cinco representantes del Parlamento Andino.
Mientras tanto, el día 6 comenzó la votación “anticipada”. Los primeros en votar fueron los presos en espera de juicio: aproximadamente 527 mujeres y 5.691 hombres, que acudieron a los 62 centros de votación instalados en 42 instituciones penitenciarias, bajo control del ejército y la policía. A continuación, tuvo lugar el voto en casa, solicitado previamente por 662 personas mayores y con discapacidad superior al 75%.
¿Podrá el pueblo ecuatoriano pasar página o seguirá cayendo en la espiral del neoliberalismo y el securitismo? Conversamos sobre ello con Irene León, socióloga y analista política ecuatoriana, especialista en alternativas a la globalización y derecho a la comunicación.
¿Cuál es la situación en Ecuador, cómo es el clima en vísperas de las elecciones?
Las elecciones se visualizan como un hecho decisivo en un contexto donde está latente una disputa por el modelo de sociedad. Está en el escenario una arremetida muy potente de la derecha por retomar el control del Estado, como un canal, para consumar la privatización total de territorios y recursos.
Esa virulencia de la derecha tiene que ver con su necesidad de consolidar su propuesta capitalista ante la persistencia del proyecto de la Revolución Ciudadana que, con una propuesta de cambio estructural y bien común, llegó al poder y gobernó con superioridad histórica de 2007-2017. Pero desde 2017, tras una suerte de golpe blando, para erradicar esa propuesta alternativa, opera un recio control de las fuerzas del capitalismo que bregan por sostenerse en el poder.
Para lograr el desmontaje del proyecto alternativo se impuso, entre otros, un intenso Lawfare, con altos niveles persecución política y mediática, principalmente dirigidos contra el Movimiento Revolución Ciudadana y su propuesta de cambio estructural. Nada de lo que pasa en la política ecuatoriana puede leerse sin considerar el peso del lawfare. Es más, hay una escalada de autoritarismo que es un ingrediente central para consumar la desinstitucionalización y la extorsión de los bienes públicos y los recursos. Tan es así, que ahora que el gobierno de Daniel Noboa ha declarado al país en “conflicto armado interno”, con el alibi de enfrentar los negocios ilícitos y el “terrorismo”, es recurrente considerar que el país ya está en dictadura.
Aun así, como se evidencia en la actual contienda electoral, en Ecuador se mantiene una disputa de sentidos y proyectos. Sin eso no se explicaría que el movimiento político más perseguido, Revolución Ciudadana, sea la principal fuerza política del país, ni que su fundador, Rafael Correa, en exilio por esa persecución, siga siendo el personaje político más reconocido y no se entendería que Luisa González, la candidata de ese movimiento, sea quien disputa la primera fila de un escenario de poder.
De modo que el carácter de la contienda electoral a estas alturas tiene que ver con esa disyuntiva: o una dictadura del capital o la reconstrucción de la patria, para volver a plantear un proyecto de soberanía.
Hay 16 candidatos en la lista presidencial. ¿Qué intereses representan?
La mayoría está alineada con el neoliberalismo más riguroso y expresan obediencia al proyecto geopolítico estadounidense. Coinciden en una perspectiva securitista, de derecha radical e incluso neofascista y proponen la mano dura como receta para resolver la crisis múltiple que afecta al país; casi todos demonizan el bien común y aspiran lograr una privatización total. La mayoría de las candidaturas solo representan a sus propios intereses o a grupos de interés que han desplazado a los partidos políticos y buscan apoderarse del Estado para hacer negocios. Hemos visto esto antes con las privatizaciones neoliberales, que entregaron los bienes públicos a actores privados, que no tienen ningún plan de redistribución y sólo profundizaron las desigualdades.
Cinco de esas candidaturas aluden o se identifican con el progresismo o la izquierda, pero son expresiones políticas con poca adhesión popular. Solo Luisa González, Revolución Ciudadana, está primera o segunda en las encuestas y exhibe potencial de llegar al poder. El contendor es Daniel Noboa, actual presidente, que proviene de un grupo de interés, es heredero del holding empresarial más grande del país, sus actuaciones y propuestas responden a esos intereses y, como se puede constatar con hechos en el periodo que ha gobernado, el foco de su perspectiva libertaria es poner a disposición del mercado todos los recursos del país, para que el capital internacional haga negocios en su beneficio.
¿Qué queda de la Revolución Ciudadana?
La Revolución Ciudadana (2007-2017) constituyó una síntesis de causas múltiples, entre ellas las resistencias al libre comercio, al neoliberalismo y a la globalización de inicios de siglo, pero también fue un punto de partida para poner en perspectiva las aspiraciones de diseñar un proyecto propio. Un proyecto de soberanía, con una visión de economía endógena nacional y regional, con una perspectiva geopolítica con epicentro en el Sur. Parte de su legado es una propuesta de horizonte: el Buen Vivir, consignado en la Constitución que está aún vigente. Fueron diez años de cambios muy relevantes, con un horizonte distinto del plan hemisférico que Estados Unidos tenía y tiene para Ecuador y para la región Latinoamericana y caribeña.
En 2017 este proceso de cambios fue revertido por una suerte de golpe blando. El país volvió no sólo al neoliberalismo, sino que se ha convertido en una suerte de experimento de la implantación de un modelo de economía ‘libertaria’, con la correlativa destrucción del Estado y la potenciación de proyectos corporativos transnacionales.
Hoy, Luisa González lidera el movimiento Revolución Ciudadana, que se levanta con el legado de un proceso de construcción de cambio, es una fuerza real, un movimiento existente que nace de esa experiencia y que tiene la voluntad de retomar un proceso de reconstrucción del Estado para el bien común. A pesar de la persecución política que afecta a su movimiento, la candidatura de Luisa González es la única que beneficia de un genuino reconocimiento popular, la única que proviene de una propuesta política orgánica que cuenta con una adhesión de inicio de un 30% del electorado, que es conocido por el pueblo como “el voto duro de Correa”, evocando al expresidente Rafael Correa.
¿Y cuál es su programa?
Luisa González propone un plan estratégico para volver a poner el país de pie “revivir Ecuador” es su lema de campaña y, en el caso, es un paso necesario, tanto por la urgencia de regenerar un espacio democrático, como por la necesidad de superar una crisis múltiple de alte intensidad. En esa línea, con la referente de provenir de un movimiento político que propone cambios estructurales, la agenda de González focaliza en el papel nodal del Estado para la gestión de lo público, en función del bien común, con políticas redistributivas y derechos para todas/os.
Para dejar el caos neoliberal atrás, su propuesta prioriza la seguridad ciudadana, vista desde una perspectiva integral y estratégica, que comprende tanto la reinstitucionalización de las instancias de seguridad y justicia, como un pacto ético y la restitución de valores solidarios y cuidados, como aspectos básicos para la reconstrucción del tejido social. Este enfoque funcionó durante la Revolución Ciudadana, cuando Ecuador era el segundo país más seguro de América Latina. El segundo aspecto es la dinamización de la economía, una economía post petrolera, con diversidad económica y productiva, como dice la Constitución; pero también con correctivos urgentes, por ejemplo, en lo relativo al endeudamiento externo, para cuyo sinceramiento plantea una auditoría de la deuda. El tercer aspecto refiere a una política energética integral y soberana. Ecuador se encontraba entre los diez primeros países del mundo con solvencia energética, mientras que hoy, debido al abandono de la gestión del Estado, sucede lo contrario, el último año huno apagones eléctricos de hasta 14 horas y el país volvió a importar energía. El cuarto punto se refiere a los servicios públicos estatales, especialmente la recuperación del sistema público y gratuito de educación y de salud. Y el quinto punto se refiere a la inclusión y a los derechos, para apuntar hacia la igualdad, especialmente de género, y desarrollar una sociedad inclusiva y diversa, pero también porque los derechos son ahora vulnerados en todos los campos, por las medidas neoliberales de achicamiento y abandono del Estado, pero también por la “guerra interna” que no persigue a los actores de los negocios ilícitos sino a las personas empobrecidas, a la afrodescendencia, a las juventudes urbanas; bajo el régimen de Noboa se han multiplicado las violaciones de los derechos humanos y hasta las ejecuciones extrajudiciales.
Según las encuestas, habrá una carrera reñida entre Daniel Noboa y Luisa González y muchos denuncian un posible fraude por parte del actual presidente. ¿Que esperar?
Un desafío importante es lograr que las elecciones sucedan con rectitud. Hasta aquí, como resultado de la desinstituionalización del país, opera una suerte de dictadura, donde Daniel Noboa controla las instituciones, al punto que incluso el Consejo Nacional Electoral le ha justificado varias vulneraciones al Código de la democracia e incluso de la Constitución. De los muchos casos, refiero al ejemplo a saltarse la ley electoral y no pedir la autorización de la Asamblea Nacional para ausentarse en la campaña y ser reemplazado por la vicepresidenta, que en Ecuador es electa; o también por realizar actos proselitistas públicos utilizando los espacios y bienes del Estado, como sucedió hace unos días, cuando realizó un acto con un Señor González, de origen Venezolano, que fue candidato en ese país el año pasado, pero fue recibido por Noboa como un mandatario, llegando incluso a hacer acuerdos bilaterales, con un señor, que no tiene ninguna investidura presidencial ni nada que se parezca en su país. Pero el CNE no registró la infracción y Noboa engaño al país con un falso personaje.
En los últimos días ha arreciado la campaña sucia y se evidencian amenazas contra Luisa González, que el CNE no las ve. Es más, se habla de una estrategia de fraude, por un lado, se ha evidenciado que actores del ejercito estarían armando un centro de cómputo paralelo al del CNE; tanto como que la campaña del candidato-presidente estuviera posicionando, a través de los medios, una supuesta victoria en primera vuelta, que el día de las elecciones podría pretenderse irreversible.
Por otro lado, en estas elecciones las y los ecuatorianos no vamos solos, Estados Unidos tiene una presencia en todos los escenarios: su candidato es Noboa. Y él será un leal cumplidor de los múltiples acuerdos signados con ese país, entre ellos de cooperación militar relativos al plan geoestratégico de control estadounidense de la región y del Pacífico.
Así que están en disputa dos propuestas políticas diametralmente distintas, pero que podrían dirimirse con el voto popular, sólo si la derecha y su padrino del norte depusieran la doctrina de la polarización, dejaran de lado la persecución política y judicial y permitieran que el país recupere la gestión democrática de su destino.
