Cuando se piensa en la nocividad del proceso de conquista y colonización, nos imaginamos casi de inmediato ese reparto de casino que hicieron las potencias europeas de África a través de la Conferencia de Berlín en el siglo XIX, pero olvidamos los resabios que en América Latina y el Caribe dejó el imperio español, con la independencia inconclusa de Puerto Rico y el imperialismo británico con el robo de las Islas Malvinas a Argentina y de la ribera occidental del río Esequibo a Venezuela.
Y si bien el proceso de descolonización permitió que ese principio base de las Naciones Unidas de autodeterminación de los pueblos se materializara, mediante la visibilización política del llamado «tercer mundo», no es menos cierto que transfirió los problemas y disputas que las potencias tenían entre ellas, y con la gestión interna de las «colonias», a los nuevos Estados que surgieron. Bajo esta lógica, ¿cuántos conflictos territoriales actualmente son responsabilidad directa de la colonización del Norte Global y del despojo y reparto ilegal que realizó?
Con esto en mente debemos abordar la reciente escalada del conflicto territorial por el Esequibo entre Venezuela y Guyana, ampliando su imagen interpretativa más allá del framing o enmarcamiento que se nos pretende imponer, sobre todo con discursos patrioteros que apelan a soluciones de fuerza —todo o nada— y que niegan la coyuntura geopolítica internacional en donde se encuentra inserta Venezuela.
ESTADOS UNIDOS: FACTOR DE DESESTABILIZACIÓN
Las denuncias que viene realizando Caracas sobre la participación de la transnacional petrolera estadounidense ExxonMobil, y detrás de ella del Departamento de Estado, en el escalamiento de las tensiones entre Guyana y Venezuela no son nuevas ni gratuitas.
Según los tiempos y las coyunturas, el apoyo de Estados Unidos variará de un país a otro apostando a veces a Venezuela, otras veces a Guyana, azuzando un conflicto que siempre ha debido resolverse por la vía diplomática de la negociación entre los involucrados.
Así, durante el proceso de descolonización, Estados Unidos acompañó a Caracas en la denuncia del Laudo Arbitral de París de 1899 y, en consecuencia, en la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966 entre Venezuela, el Reino Unido de la Gran Bretaña y la Guyana Británica; la independencia de Guyana y la posibilidad de que un gobierno de izquierda, filocomunista, cercano a Cuba y a la Unión Soviética asumiera el gobierno del país era un riesgo que Washington no podía correr nuevamente.
Por el contrario, tras la deblacle del bloque comunista y con el triunfo de la narrativa neoliberal durante la década de 1990 y principios de 2000, Estados Unidos apoyó y acompañó a Georgetown en su proceso de apertura económica que ha caracterizado, desde entonces, el modelo de gestión en Guyana, y que coincidió con la llegada de la Revolución Bolivariana en Venezuela.
A pesar de la mediática, durante las dos administraciones de Hugo Chávez y las dos de Nicolás Maduro, el Estado venezolano ha denunciado el otorgamiento de concesiones de Guyana a empresas energéticas y aeroespaciales dentro del territorio en disputa. No obstante, Chávez y Maduro entendían y entienden el componente geopolítico que una confrontación abierta con Guyana tendría para ambos países en particular y para la región en general, y han apostado por un acercamiento político-diplomático que allane el camino hacia una solución práctica y satisfactoria binacional, como lo estipula el Acuerdo de Ginebra; de allí el papel estratégico de Petrocaribe en su momento y el constante llamado al diálogo realizado por el presidente Nicolás Maduro.
La desestabilización que sufrió Venezuela desde 2016 si bien tenía como objetivo central el cambio de régimen en el país, afectaba también las iniciativas de seguridad energética que Caracas ofrecía a los países del Caribe —incluida Guyana— y Centroamérica a través de Petrocaribe. No es casual que desde 2015 Barack Obama, durante la Cumbre de Seguridad Energética del Caribe, hablara de la necesidad que tenía el Caribe de superar la «dependencia» de los hidrocarburos venezolanos y criticara los métodos de “coerción energética” de Miraflores.
Justo en ese contexto, mientras la ExxonMobil anunciaba en mayo de 2015 el descubrimiento de reservas petrolíferas en el bloque Stabroek, fachada continental de la región fronteriza del Esequibo reclamada por Venezuela y sujeta al Acuerdo de Ginebra, al gobierno guyanés ascendía como presidente un exmilitar —formado en Reino Unido, Nigeria y Brasil—, de nombre David Granger, quien fungió durante esos años como una ficha clave en la desestabilización internacional contra Venezuela.
Durante los años 2015 y 2016 el gobierno venezolano denunció ante la comunidad internacional la llamada «operación tenazas» con la que Estados Unidos, por intermedio de Colombia y Guyana, provocarían un conflicto militar contra Venezuela que facilitaría su posterior intervención.
Desde 2015, las fuerzas de defensa de Guyana vienen participando en los ejercicios militares del Caribe «Tradewinds» —liderados por el Comando Sur—, y en su edición 2023 lo albergó por segunda vez en tres años. Además ha participado en los ya famosos ejercicios navales Unitas, que integran varias armadas de la región latinocaribeña en actividades en el Océano Pacífico y el Atlántico.
En febrero de 2022 se conoció, a través de un artículo periodístico publicado en Argentina, una hipótesis militar (PUMA) que, inspirada en una supuesta intervención militar en un país (Venezuela llamado Vulcano) con una alta desestabilización política, sus países limítrofes por el este y el oeste (Colombia –Celles– y Guyana –Tellus–) jugarían un rol importante para tal acción.
El entonces jefe del Comando Sur, Craig Faller, visitó en 2021 la República Cooperativa de Guyana con el objeto de estrechar los compromisos en materia de seguridad que alberga Estados Unidos con Georgetown. Por otro lado, Antony Blinken visitó este año suelo de ese país, donde se trataron temas de inversión energética para sus empresas y seguridad territorial. Durante la rueda de prensa, en su momento el Secretario de Estado comentó:
«Las empresas estadounidenses pueden aportar una experiencia sin precedentes, altos estándares laborales y ambientales, y transparencia para ayudar a impulsar el crecimiento dinámico de Guyana, promover la seguridad energética regional y brindar beneficios tangibles a todo el pueblo de Guyana».
El lapso que transcurrió de 2015 a 2020 representó un periodo de acoso internacional al Estado venezolano basado en el que a la ya hostilidad «perenne» de Colombia y la de su conflicto interno, se le sumó la de Guyana por el flanco oriental. Allí Estados Unidos ha jugado y juega un papel estratégico como el encomendador del Estado guyanés.
Venezuela debe asumir esta controversia unida y cohesionada, superando la tendencia opositora que instrumentalizó y condicionó la defensa histórica del territorio Esequibo a la de conseguir mayor apoyo en su cruzada por derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. Esa falta de unión en un tema de Estado derivó en que, a través de un comunicado del Grupo de Lima con fecha 4 de enero de 2019, reconociera la supuesta soberanía guyanesa sobre el territorio del Esequibo, lo que derivó en unas notas de protesta del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela contra los Estados signatarios del comunicado y que condujo a que la mayoría de los firmantes se retractaran.
Asimismo, se debe denunciar por irreales y demagógicas aquellas posturas maximalistas de fuerzas que ignoran el rol asumido por la primera potencia militar en la controversia del Esequibo y pretenden arrastrar la nación venezolana hacia un conflicto delegado (subsidiado), en el que Guyana no es sino la marioneta del operador verdadero, Estados Unidos.
UN CONFLICTO AL QUE NOS QUIEREN ARRASTRAR
En estos ocho años, transcurridos desde el primer anuncio de los descubrimientos de ExxonMobil en la zona del Esequibo, el gobierno venezolano ha transitado por momentos álgidos en los que distintos factores nacionales y extranjeros han pretendido empujarlo a un conflicto que, a todas luces, es delegado, y en el que los gobiernos de David Granger y luego de Arfaan Ali han sido filiales de la transnacional petrolera y del gobierno de Estados Unidos.
En la teoría de guerra híbrida hay autores que hablan de las zonas grises, como aquellas caracterizadas por mantener una «una paz tensa, polemológica, presidida por el conflicto», cuando los actores buscan alterar el statu quo existente; así, en estos años transcurridos hemos presenciado cómo Guyana, con apoyo estadounidense y ahora de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha ido creando esta especie de zona difusa en torno al diferendo territorial.
¿Qué aspectos presenta el conflicto con Guyana que permite catalogarlo como uno de «zona gris»?
- La pretensión de alterar el statu quo que mantuvo al diferendo limítrofe en los parámetros diplomáticos del Acuerdo de Ginebra, jugando al límite de la legalidad con el recurso interpuesto en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
- Uso de actores no estatales, como las empresas petroleras y mineras que vienen alentando la conflictividad en la zona.
- Visibilización a modo de propaganda del apoyo de la principal potencia militar del continente y del mundo, como lo evidencian las declaraciones del Subsecretario para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en las que apoya las concesiones petroleras otorgadas por Guyana a empresas estadounidenses.
En este sentido, Venezuela debe tener claridad de que su vecino está sirviendo a los intereses de Estados Unidos, ya no solo enfocados en el control de los recursos energéticos de la zona del Esequibo —en un contexto donde la guerra en Ucrania encarece el mercado de las energías—, sino también mediante la apertura de otro frente de inestabilidad para la República Bolivariana, objetivo estratégico del Departamento de Estado con relación a Venezuela de cara a lo que ellos llaman la «restauración democrática del país».
PACIENCIA ESTRATÉGICA
Si algo ha caracterizado el accionar del presidente Nicolás Maduro tanto en materia de política interior como en política exterior ha sido la paciencia estratégica mostrada en momentos de alta conflictividad, tomando el pulso del momento y no dejando que las pasiones, los cuestionamientos de la mediática nacional e internacional y, sobre todo, la presión estadounidense ejercida de forma explícita o delegada a través de intermediarios como el Grupo de Lima o Guyana, descalabren los objetivos estratégicos de la diplomacia bolivariana de paz, que en definitiva sintetizan Venezuela como un país potencia latinocaribeño, ante el mundo multipolar que emerge, como un polo geopolítico de relevancia.
En este sentido, la apuesta a favor del diálogo con Guyana fue y sigue siendo la opción privilegiada por el gobierno y la más acertada en momentos cuando Venezuela vuelve a tener presencia internacional. Apelar al diálogo con observación caribeña o de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y al abordaje diplomático como único camino para superar la controversia, desmonta la narrativa que intenta fijar el presidente guyanés Irfaan Ali de presentar a Venezuela como una amenaza a la integridad territorial de su país.
Asimismo, la convocatoria de un referéndum sobre el Esequibo con el objeto de reforzar los derechos soberanos de Venezuela sobre el territorio en reclamación, envía un mensaje de unidad nacional a la comunidad internacional y le recuerda a Guyana que el reclamo venezolano, producto de un despojo colonial, precede a su constitución como Estado independiente y se enmarca en los principios constitutivos del derecho internacional.
Ha quedado en evidencia que los momentos de mayor conflictividad interna en Venezuela (2015-2020) han significado oportunidades de avance para Guyana en sus pretensiones sobre el Esequibo, de allí lo indispensable de mostrar la solidez y estabilidad del Estado venezolano.
Independientemente de las próximas acciones que se tomen a escala internacional, como la presentación venezolana el próximo 8 de abril de 2024 ante la CIJ, de la que la ciudadanía debería conocer aun más, sería lógico ver la reactivación por parte de la República Bolivariana de la llamada «Zona Estratégica para el Desarrollo de la Fachada Atlántica» creada mediante decreto 4 415, de fecha 7 de enero de 2021, y por el que el Estado venezolano ejerce presencia institucional en la zona marítima reclamada.
La apuesta venezolana debe seguir enmarcada en los principios de buena vecindad y solución pacífica de las controversias, y evitar caer en el juego de confrontación que la ExxonMobil y el Departamento de Estado pretenden colocarnos por intermedio de Guyana. Así, Venezuela debe seguir apostando por el statu quo que representa el Acuerdo de Ginebra como mecanismo de solución práctica al disenso que mantienen los dos Estados.
Fuente: Misión Verdad
