En la línea de consolidar los objetivos del golpe de Estado del pasado 10 de noviembre de 2019 –desplazar del gobierno al bloque indígena originario campesino y popular, y excluir de la participación política a las clases subalternas en la conducción del Estado-, la derecha boliviana, a pesar de sus contradicciones, se dispone a proscribir, vía Tribunal Supremo Electoral (TSE), al Movimiento Al Socialismo (MAS) de las elecciones generales que, hasta ahora, están fijadas para el 6 de septiembre.
La presión de los partidos y organizaciones de derecha sobre el TSE están en plena alza y se ha incrementado en las últimas horas atribuyendo al candidato presidencial del MAS, Luis Arce, la comisión de un delito electoral, para que a esta organización política, de amplia base popular y que ha escrito las páginas más heroicas de toda la historia boliviana, se le cancele su personería jurídica en los siguientes días, con lo que el partido liderado por Evo Morales, que cuenta con no menos del 50 por ciento de respaldo electoral, quedaría excluido de las próximas elecciones.
Al candidato Luis Arce se le atribuye haber violado la ley electoral al difundir una encuesta de intención de voto en una entrevista de televisión, lo que ha sido rechazado por el MAS pues solo se trató de un comentario y no de la difusión de una encuesta en el sentido estricto, y además que la campaña electoral está interrumpida por la emergencia sanitaria.
Desde el golpe de Estado las amenazas de hacer desaparecer al MAS de la política institucional boliviana de cualquier manera ha sido una constante. Más de un centenar de presos y presas políticos, cientos de refugiados, siete asilados y asiladas en la embajada de México, más de un centenar de personas muertas en Senkata y Sacaba, y persecución judicial de sus dirigentes sociales y políticos, es lo que enfrenta el MAS sin que organismos internacionales alerten sobre lo que está pasando en materia de derechos humanos.
Desde Red en Defensa de la Humanidad (REDH) hacemos un llamado a las organizaciones políticas y sociales a condenar este nuevo intento de atentar contra el derecho de los bolivianos y las bolivianas de elegir a sus autoridades en democracia.
También respaldamos a los movimientos sociales de Bolivia que exigen el retorno a la institucionalidad democrática violentamente interrumpida en noviembre del año pasado.
Nuestra América, 17 de julio de 2020
