Documento llevado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y presentado en la Asamblea Nacional de Ecuador.
Desde enero 2024, el presidente Daniel Noboa ha declarado al Ecuador en ‘conflicto armado interno’, lo que conlleva una virtual cesión del Estado de Derecho y una escalada de la militarización. El argumento principal ha sido la lucha contra el terrorismo, concepto en el que se ha incluido a la delincuencia organizada y otras formas de delincuencia, que usualmente son parte del ámbito penal.
Desde hace 7 años, el país está afectado por una incursión del crimen organizado, que ha encontrado varios nichos de actuación, entre ellos en actividades vinculadas al capital financiero, al sector exportador y otras áreas relacionadas con negocios ilícitos, que requieren de medidas urgentes y focalizadas por parte del gobierno. No obstante, la respuesta adoptada no sólo ha envuelto al país entero en una lógica bélica, sino también en decisiones anticonstitucionales que tienen implicancias internacionales, a la vez que se evidencian significativas vulneraciones de los derechos humanos, especialmente de los sectores más empobrecidos.
Los gobiernos de la República del Ecuador y de Estados Unidos de América han suscrito los Acuerdos relativos al “Estatuto de las Fuerzas” y de “Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas” ( 6 de octubre de 2023), adoptados sin la correspondiente validación del Parlamento, con el subterfugio de una precipitada aprobación de la Corte Constitucional (11 de enero de 2024) realizado con la salvedad del voto de tres jueces y con señalamientos de que esa aprobación es contraria a principios fundamentales del derecho internacional, tales como: los de igualdad soberana y de respeto a la independencia política e integridad territorial de los Estados; la no intervención en los asuntos propios de la jurisdicción interna de los Estados; el derecho de autodeterminación de los pueblos y otros.
Ante esa situación la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad y la Asociación Americana de Juristas Continental exponen lo siguiente:
1.- Repudiamos los Acuerdos sobre el “Estatuto de las Fuerzas” y de “Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas” suscritos entre los gobiernos de la República del Ecuador y de Estados Unidos de América, por ser contrarios a la Constitución ecuatoriana y porque vulneran su soberanía. Para que un tratado internacional tenga plena validez y eficacia jurídica su contenido debe tener una causa y un objeto lícito y posible; debe contemplar derechos y obligaciones mutuamente pactados por las partes en pie de igualdad, de manera tal que el acuerdo establezca entre ellas unos compromisos honorables que encuentren plena expresión en la realización del bien común, en el mutuo beneficio, en la complementariedad de sus capacidades, que se refleje en la justa y equitativa distribución de prerrogativas y responsabilidades que sean la expresión de los intereses legítimos de cada una de las Partes claramente representados en la convención bilateral.
2.- Llamamos al respeto de la Constitución ecuatoriana que prescribe que para legtimar un acuerdo de esta naturaleza se requiere de la aprobación de la Asamblea Nacional (parlamento), que es el mayor órgano de representación.
3.- Señalamos que los mencionados Acuerdos firmados por el expresidente, Guillermo Lasso, y ratificados por el actual, Daniel Noboa, lejos de contribuir a la construcción de unos vínculos bilaterales fundados en el mutuo respeto y reconocimiento de la respectiva personalidad jurídica que se deben entre sí los Estados soberanos, más bien enturbian las relaciones entre las partes y siembran serias dudas sobre el curso que tomarán en el futuro las relaciones ecuatoriano-estadounidenses.
4.- Llamamos la atención sobre que estos Acuerdos se apartan de los principios y propósitos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, que reconocen la igualdad de derechos entre naciones grandes y pequeñas, aspecto que deja entrever que las relaciones bilaterales tampoco tendrán en cuenta la Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
5.- Los Acuerdos son asimétricos y colocan al Ecuador al servicio de los intereses estratégicos de Estados Unidos, con total indiferencia por sus propios intereses geoestratégicos. Así, Ecuador adquiere la obligación de poner su territorio nacional a disposición de las fuerzas armadas estadounidenses y sus contratistas, sin que las autoridades ecuatorianas tengan intervención alguna o control sobre las actividades que las fuerzas armadas extranjeras realicen en el territorio nacional, su mar territorial o espacio aéreo. Es más, el personal civil y militar norteamericano tendrá estatus diplomático y se encuentra fuera de la autoridad, control y jurisdicción de las leyes ecuatorianas.
6.- Denunciamos que con el ardid de la seguridad y la lucha contra la delincuencia, los gobiernos de Guillermo Lasso y de Daniel Noboa, con una evidente actuación perniciosa y antipatriótica, han vulnerado la Constitución ecuatoriana y puesto en riesgo la soberanía nacional. Asimismo, alarma grandemente la liviandad con la que los jueces de la Corte Constitucional han abordado y resuelto una cuestión de tanta importancia para la conservación del Estado ecuatoriano y el bienestar y seguridad de su pueblo.
7.- Alertamos sobre el silencio de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que tienen el mandato constitucional de hacer respetar la soberanía nacional, bajo una filosofía y espíritu patriótico. Su anuencia con los citados acuerdos militares colcoca al país ante una suerte de ocupación nunca antes vista, ni siquiera cuando actuó la denominada Base de Manta, presente hasta 2009.
8.- Llamamos la atención de la Comunidad Internacional sobre la militarización del Ecuador y sobre las violaciones de los derechos humanos que resultan de las actuaciones gubernamentales, de autoridades y actores carentes de afecto por la patria ecuatoriana y señalamos su responsabilidad sobre las consecuencias que se desprendan de su negligencia en la negociación, firma y aprobación del ominoso pacto militar con Estados Unidos y de hecho con sus aliados en el mundo.
Quito y Nueva York, 13 de marzo de 2024
