La Asamblea Nacional (AN) se pronunció sobre las recientes declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que confiesa públicamente que durante su mandato estuvo a punto de hacer colapsar a Venezuela. Esa manifestación buscaba cuestionar el hecho de que el gobierno de Joe Biden estuviera actualmente comprándole petróleo al país, cuando tuvo la posibilidad de haberlo robado, argumentó.
Y es que lo dicho por el expresidente estadounidense viene a confirmar lo que ya se sabía por las evidencias y lo que han vivido los venezolanos en carne propia.
«La confesión hace la prueba, ese es el verdadero principio de donde después parte ese concepto que ya es de uso cotidiano (…) hay que decir eso, que cuando una persona confiesa un delito, en este caso un delito penal, en este caso un delito de lesa humanidad, esa expresión se convierte en prueba si es hecha de forma voluntaria, como en efecto ocurrió, por parte del señor Donald Trump en un discurso emitido el pasado 11 de junio; si es una manifestación verbal voluntaria que no está sometida a ningún tipo de coacción, se convierte de inmediato en una prueba suficiente de un delito», dijo el presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, durante la sesión ordinaria de este martes 13 de junio.
Asimismo, señaló que lo dicho por Trump es equivalente a confesar que asesinó a niñas y niños que no pudieron recibir la vacunación adecuada; a adultos que, dentro del programa Simón Bolívar de Citgo, eran atendidos por enfermedades crónicas; lo mismo ocurre si se afectan los programas sociales de las grandes mayorías en cuanto a alimentación, salud y educación.
El presidente de la AN señaló que si esas cortes penales o tribunales internacionales fueran de verdad, si persiguieran a los criminales, lo primero que tendría que hacer es convocar para imputar a Trump tras confesar esos delitos de lesa humanidad.
«No está confesando un homicidio ni dos, está confesando miles de homicidios», argumentó, al tiempo que señaló que «sometió a prácticas de guerra a un país pacífico que jamás en su vida ha agredido a un solo ciudadano norteamericano».
Rodríguez llamó a la oposición en general a reflexionar sobre el lugar donde se encontraban en 2019, cuando se cometieron los mayores intentos de desestabilización contra Venezuela. En ese sentido increpó a varios políticos que estuvieron del lado de las acciones asesinas de Trump y que actualmente participan en las primarias, como si sufrieran de amnesia.
Denunció que el clan Guaidó y otros opositores eran cómplices en tanto que lo que ofrecían como garantía para llevar a cabo los planes contra el presidente Maduro era petróleo. Dijo que algunos, saltando hacia adelante, se indignaron con la confesión de Trump y trataron de sacarle provecho políticamente llamando a la unidad, ocasión que usó para preguntar dónde estaban los recursos entregados a la oposición para «ayudar a los venezolanos».
El Poder Legislativo llamó a investigar las consecuencias de las confesiones criminales de Donald Trump, sobre todo a los que acataron órdenes del expresidente estadounidense, así como de Mark Esper, John Bolton, James Story, Mike Pence y Marco Rubio.
En ese sentido pidió que se incorpore en el Proyecto de Acuerdo para que se votase en la AN la conformación de una Comisión que investigue los crímenes de lesa humanidad que Trump perpetró contra el pueblo de Venezuela, sobre todo que investigue a los cómplices internos, los que recibían órdenes.
«Conformemos, diputados y diputadas de todas las fracciones políticas, una Comisión Especial de Investigación de las consecuencias de la confesión que Donald Trump hizo el pasado 11 de junio», refirió Rodríguez.
Las evidencias sobre los crímenes de lesa humanidad contra el país van más allá de lo que el gobierno y los ciudadanos puedan relatar de sus experiencias. El daño a la nación y su población quedó sistematizado en informes de expertos independientes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), cuyos relatos dejan entrever el carácter criminal de las «sanciones».
De acuerdo con el informe del relator independiente de la ONU, Alfred de Zayas, publicado en 2018, las conclusiones fueron las siguientes:
- «Los efectos de las ‘sanciones‘ impuestas por los Presidentes Obama y Trump y las medidas unilaterales de Canadá y la Unión Europea han agravado directa e indirectamente la escasez de medicamentos».
- «Las ‘sanciones‘ económicas han causado demoras en la distribución —de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad— y han contribuido a muchas muertes (…) Las ‘sanciones‘ económicas matan».
- «Han agravado enormemente la escasez de alimentos y medicinas, han causado serias demoras en la distribución y han desencadenado el fenómeno de la emigración masiva a los países vecinos».
- «Las ‘sanciones‘ económicas que afectan poblaciones inocentes contravienen el espíritu y la letra de la Carta de las Naciones Unidas».
El registro de los impactos del bloqueo sobre la población venezolana indican que tales acciones podían representar crímenes de lesa humanidad. De Zayas afirmaba que las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra Venezuela han retrasado la adquisición de medicinas para personas con enfermedades riesgosas y difíciles de tratar, lo que ha ocasionado muchas muertes por la demora en la llegada de los tratamientos médicos.
Zayas también documentó cómo el cierre de cuentas internacionales del Estado venezolano ha bloqueado la importación de alimentos y medicinas, lo que suma a las restricciones de crédito internacional que han vaciado las reservas de divisas de las instituciones venezolanas para hacer frente a la crisis.
Por otro lado, la relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, también registró el gran daño causado por el bloqueo en 2021. En su informe aseguró que las «sanciones» unilaterales violan el Derecho Internacional y llamó al levantamiento de las mismas. Citamos in extenso lo referido a esto y resaltamos con negritas lo nodal:
«Refiriéndose a las normas consuetudinarias sobre la inmunidad de los bienes del Estado, la Relatora Especial recuerda que los activos del Banco Central y los bienes utilizados para las funciones públicas pertenecen al Estado de Venezuela y no a su Gobierno o a cualquier individuo. Por lo tanto, la congelación de los activos del Banco Central de Venezuela por no reconocer a su Gobierno, así como la adopción de las ‘sanciones‘ atinentes, viola los derechos soberanos del país e impide que su gobierno efectivo ejerza su deber de garantizar las necesidades de la población.
«La Relatora Especial subraya que la inclusión de funcionarios del Estado en la lista de oficio contradice la prohibición de castigar una actividad que no constituye un delito, impide a los funcionarios la posibilidad de representar los intereses de Venezuela en los tribunales internacionales y otras instituciones internacionales, y socava el principio de igualdad soberana de los Estados. Asimismo, señala que las reiteradas negativas de los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal a liberar activos venezolanos, incluso para la compra de medicamentos, vacunas y kits de protección bajo el control de organizaciones internacionales, viola el mencionado principio e impide la capacidad de Venezuela de responder a la emergencia COVID-19.
«A la Relatora Especial le preocupa que las sanciones selectivas unilaterales en su forma actual violen, como mínimo, las obligaciones que se desprenden de los instrumentos universales y regionales en el ámbito de los derechos humanos, muchas de las cuales son de carácter perentorio.
(…)
«El Relator Especial subraya que la aplicación de la jurisdicción extraterritorial a nacionales y empresas de terceros Estados por la cooperación con las autoridades públicas, nacionales y empresas de Venezuela, y las supuestas amenazas a dichos terceros Estados, no se justifica en virtud del derecho internacional y aumenta los riesgos de exceso de cumplimiento de las ‘sanciones’. El Relator Especial observa con preocupación las presuntas amenazas a empresas privadas y a donantes, socios y organizaciones humanitarias de terceros países».
Douhan incluyó una serie de datos duros con los que se podría atestiguar la gravedad del impacto «sancionatorio» en las áreas de servicios públicos —infraestructura—, así como alimentación y sanidad. Expresó en su momento:
- Las «sanciones» han obstaculizado la compra de medicamentos y suministros médicos en el extranjero, de los que depende casi por completo el sector de salud pública venezolana.
- Se ha impedido la adquisición de albúmina humana, inmunoglobulina y otros hemoderivados, lo que ha afectado a 5 mil 859 personas que padecen hemofilia y síndrome de Guillain-Barré.
- Más de 2 millones 500 mil pacientes se vieron afectados por la imposibilidad del Estado venezolano de comprar reactivos sanguíneos en 2020.
- Unos 2 millones 600 mil niños no pudieron ser vacunados contra la meningitis, el rotavirus, la malaria y el sarampión por la obstrucción a la compra de vacunas a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
- Continuar con el bloqueo económico en el marco de la pandemia ha causado una mayor inestabilidad en los estratos más vulnerables de la población venezolana. «43% de los hogares reportan la imposibilidad de trabajar o la pérdida de sus recursos», dijo Douhan.
Por último, un informe publicado en 2019 por el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), un grupo de expertos en política económica con sede en Washington, D.C., reconocieron que:
«Las ‘sanciones‘ redujeron la ingesta calórica de la población, aumentaron las enfermedades y la mortalidad —tanto para adultos como para menores— y desplazaron a millones de venezolanos que huyeron del país como producto del empeoramiento de la depresión económica y la hiperinflación. Las ‘sanciones‘ agudizaron la crisis económica de Venezuela e hicieron casi imposible estabilizar la economía, lo que contribuyó aún más a un mayor número de muertes. Todos estos impactos perjudicaron de manera desproporcionada a los venezolanos más pobres y más vulnerables».
El CEPR recoge algunas de las consecuencias de las «sanciones» aplicadas desde agosto de 2017:
- Más de 40 mil muertes habrían sido consecuencia directa e indirecta de las medidas coercitivas entre 2017 y 2018.
- Se redujo la disponibilidad de alimentos y medicamentos, y aumentaron las enfermedades y la mortalidad en el país.
- Las «sanciones» de 2017 «contribuyeron a una fuerte disminución de la producción de petróleo que causó un gran daño a la población civil».
- Los expertos consideraron que «si continúan las ‘sanciones‘ aplicadas por Estados Unidos (…) darán lugar a decenas de miles de muertes más que podrían ser evitables».
- «Esto se sustenta —siguen los autores del informe— en que hay aproximadamente 80 mil personas con VIH que no han recibido tratamiento retroviral desde 2017, 16 mil personas que necesitan diálisis, 16 mil personas con cáncer y 4 millones con diabetes e hipertensión —muchas de las cuales no pueden obtener insulina o medicinas para el tratamiento cardiovascular—».
- De acuerdo con el informe, «desde que se impusieron las ‘sanciones‘ de enero de 2019, la producción de petróleo ha caído en 431 mil barriles por día o 36,4%», lo que aceleraría el cuadro de crisis impuesta a Venezuela.
Todos estos informes han sido cubiertos y reseñados por múltiples tribunas y plataformas de estudio sobre la agresión contra Venezuela, se han registrado de variadas maneras las consecuencias de los ataques económicos sobre la población, y aun así muchos de los involucrados en esta agenda destructiva son capaces de confesar, como el mismo Donald Trump, que la finalidad de todo era el colapso de un país con objetivos políticos y estratégicos para Estados Unidos.
Fuente: Misión Verdad
