Once países de América Latina y el Caribe, por iniciativa del gobierno de México, establecieron una alianza regional para plantear decisiones más efectivas en el control de la inflación y el fortalecimiento de la integración económica y comercial en la región, en lo que fue denominada una Cumbre Antiinflacionaria.
La alianza se conformó en una reunión virtual que dirigió el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de abril. Allí participaron los jefes de Estado de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Honduras; además de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el ministro de Comercio de Colombia. San Vicente y las Granadinas también estuvo presente en su calidad de presidencia pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
Hubo un consenso respecto a los factores que han desencadenado la alta inflación en la región, que es una continuidad de la crisis económica global. Se determinó que los conflictos militares extrarregionales actuales, la lenta recuperación de las cadenas de suministro tras la pandemia de coronavirus, la emergencia climática y «la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contrarias al Derecho Internacional» están afectando el abastecimiento de alimentos a escala global.
El debate estuvo centrado en cómo enfrentar los efectos negativos de la inflación en la población más pobre, por lo que las propuestas de los gobiernos se enfocaron en acciones para abaratar los productos de la canasta básica y bienes intermedios a los que necesitan acceder los grupos más vulnerables de la sociedad.
La iniciativa le da un impulso real a «los compromisos [contra la pobreza] que hemos asumido en el contexto de la CELAC», dijo el presidente López Obrador en la reunión virtual.
En su intervención, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez dijo que «la inflación en el sector alimentario es el problema más acuciante que sufre el planeta», siendo un tercio mayor que la inflación general.
La participación de Venezuela destaca entre el resto, por haber tenido que formular y ensayar distintas políticas económicas en los últimos años para combatir la inflación en un contexto de guerra multifactorial que dirige Estados Unidos en su contra.
Lo primordial para el gobierno ha sido proteger a la población venezolana a través de programas de subsidios de alimentos como los CLAP, una alternativa que ha sido muy poco utilizada en la región, como lo hizo ver la vicepresidenta al exponer el dato de que solo 11 de los 33 países que conforman la CELAC han aplicado subsidios en los alimentos en tiempos recientes.
Un detonante específico del alto costo de los alimentos es el aumento de los precios de los fertilizantes y agroinsumos, otro punto que Rodríguez puso en el debate durante su intervención.
En lo que respecta a América Latina y el Caribe dijo que la dependencia a la importación de estos rubros es casi total: los países de la región tienen que importar 85% de los fertilizantes que utilizan. Venezuela tiene el potencial para responder a esa demanda, en el marco de acuerdos de cooperación equilibrados, pero requiere del levantamiento de las «sanciones» ilegales para poder aumentar la producción de fertilizantes con la debida inyección de capitales internacionales.
En ese sentido, Venezuela, que deshecha cualquier vía del llamado libre comercio para abordar el problema del hambre y la inflación, centró su propuesta en el tema energético. La alta funcionaria venezolana hizo una invitación a usar «la energía de nuestros países para producir alimentos para todos», sugiriendo la reactivación de las fuentes de energía petroquímica más accesibles en América Latina y el Caribe para ponerla a disposición de los países.
La iniciativa venezolana quedó expresada en el segundo punto de la declaración conjunta que fue emitida al finalizar la reunión, la cual estipula que se creará un «grupo de trabajo técnico» integrado por representantes de los gobiernos de cada país para «determinar las medidas de cooperación regional» que se ejecutarán para mejorar las condiciones de comercialización de fertilizantes químicos y orgánicos, entre otros productos básicos y de insumo, con el fin de abaratar los costos.
El texto incluye otros seis puntos, el primero vínculado a lo expuesto anteriormente: abaratar los costos de los productos de la canasta básica y bienes intermedios «para las personas más pobres y vulnerables», mediante facilidades comerciales y otras medidas, mientras que el tercer punto indica que «el grupo técnico de trabajo tendrá la facultad de establecer un plan de acción que permita (…) la adopción de medidas de facilitación del comercio para hacer frente a los altos precios de los productos de consumo básico e insumos».
El plan comprende el mejoramiento de las condiciones logísticas para un acceso «más ágil y efectivo a productos», con la prioridad en «el desarrollo de un marco para la remoción de obstáculos [como aranceles] y armonización de regulaciones sanitarias y fitosanitarias». El grupo de trabajo técnico recomendará acciones para hacer más eficaz la entrada y salida de productos a través de puertos y fronteras, así como el intercambio comercial que beneficie la productividad agrícola.
Otro acuerdo establecido que destaca es el compromiso a promover mecanismos más ágiles para acceder al crédito internacional, lo que permitirá ampliar el financiamiento multilateral para proyectos agrícolas, agroindustriales y de infraestructura para el transporte de mercancías.
Los 11 países acordaron invitar a más naciones a la iniciativa y agendaron una próxima reunión en Cancún, también en México, los días 6 y 7 de mayo en una cumbre a la que también asistirán representantes de organizaciones empresariales y agrarias.
Esta primera alianza de combate a la inflación, al tratarse de un esfuerzo coordinado para fomentar la cooperación y el intercambio de experiencias y conocimientos entre los países participantes, podría constituirse en un paso concreto hacia la integración latinoamericana si sus resultados aportan políticas conjuntas que aseguren la estabilidad económica y financiera de la región.
Como paso práctico, daría sustento para que otros organismos de integración como Unasur y CELAC adquieran mayor relevancia en asuntos de cooperación y sincronización de lineamientos relacionados al comercio y la alimentación en América Latina y el Caribe. La Cumbre Antiinflacionaria no solo pone en el tapete la discusión sobre la inflación y sus causas (productivas y dependientes) en el continente, también trae a colación el hecho de que la organización entre países para los asuntos críticos es una necesidad cada vez mayor en un contexto de economías interconectadas y una dinámica geopolítica cambiante actualmente.
Fuente: Misipon Verdad
