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Entre abogados te veas, reza la maldición gitana. Entre lawfares te mueras, sentencian los imperios. Término acuñado en la Universidad de Harvard, alude a demandas temerarias de fundamento legal escaso o inexistente, con fines esencialmente políticos y económicos, acompañadas de presiones sobre los tribunales y campañas mediáticas para influir en sus decisiones y legitimarlas ante el público.
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Tan antiguo es el lawfare como la misma ley. Recordemos la farsa judicial contra Jesús. Éste expulsa a los mercaderes del templo; los fariseos lo acusan; Pilatos lo absuelve: los fariseos lo condenan en su propio sanedrín, y lo reenvían a Pilatos, el único que podía ejecutar sentencias de muerte. El agua con la que se lava las manos bautiza a la religión más difundida del mundo. El lawfare que condena absuelve ante la Historia.
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Pasemos por alto el cónclave francés que condena a la hoguera a Juana de Arco por pelear contra invasores ingleses, el jurado inglés que decapita a Santo Tomás Moro por no aprobar el divorcio de Enrique VIII. Cualquiera puede interponer demandas. El Lawfare requiere que en favor de ellas se muevan poderosos intereses económicos y políticos, capaces de influir en el sistema judicial. El presidente Richard Nixon es impeached (enjuiciado) en Estados Unidos por intento de espiar una Convención Demócrata. Las evidencias son providencialmente suministradas por un misterioso informante telefónico, “Garganta Profunda”, quien a la postre resulta ser agente de la CIA. ¿Quién puede creer que un político que se había hecho inmensamente rico en el poder fuera depuesto por intento de espionaje, en un país donde dicha actividad es un deporte nacional y los equipos para ello se venden en todas las tiendas de electrónicos? Nixon había terminado con la guerra de Vietnam, el gran negocio del Complejo Militar Industrial que domina Estados Unidos. El aparente legalismo disimula siempre un motivo más poderoso oculto. Recientemente cuerpos de seguridad allanan la residencia del ex presidente Donald Trump en Mar a Lago y decomisan documentos presuntamente relativos a la seguridad nacional que el mandatario se habría llevado consigo. Fuera de toda lógica es creer que un patriotero y xenófobo como Trump pudiera usar documentos en contra del país que lo había elegido. Detrás del puntilloso allanamiento está el interés del globalista partido Demócrata de evitar que el intemperante billonario se lance de candidato para las próximas elecciones. La brújula del lawfare apunta hacia el poder: su aguja es dedo que acusa.
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A falta de leyes, el lawfare las inventa. En Nuremberg fueron justificadamente condenados en 1945 los jerarcas nazis en virtud de leyes “retroactivas” sancionadas después de cometidos los crímenes. No fue juzgado ninguno de los aliados que convirtieron en piras funerarias con cien mil víctimas por bombardeo ciudades sin objetivos militares como Hamburgo, Dresden, Bremen, Tokio, Hiroshima, Nagasaki, y después Hanoi. “De haber perdido, hubiéramos sido condenados como criminales de guerra”, confesó Robert Mc Namara. Lawfare sólo condena derrotados.
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Cimiento del lawfare es la pretensión de que las leyes de Estados Unidos son aplicables extraterritorialmente en todos los países del mundo a ciudadanos extranjeros no obligados por ellas, y por actos cumplidos fuera del territorio y jurisdicción estadounidenses. En virtud de ella se secuestra en Londres al australiano Julian Assange, se asesina en Irak al general iraní Soleimaní, se ofrece recompensa en Washington a quien ultime al Presidente Maduro, se secuestra en Cabo Verde al diplomático venezolano Alex Saab, se confisca en Argentina un avión venezolano de Emtrasur con el pretexto de que algunos de sus tripulantes son iraníes, se perpetran crímenes de lesa humanidad similares. A su vez, pretenden los yankis ser inmunes a las leyes de los países donde operan: el Imperio atribuye la falsa condición de diplomáticos a sus soldados que ocupan Colombia, para hacerlos invulnerables ante las leyes locales. Autoridades de Washington tocan las puertas de Miraflores para exigir “incondicionalmente”, es decir, sin admitir la legitimidad de nuestro Presidente electo ni retirar medidas coercitivas, la liberación de uno de sus mercenarios pillado en la disparatada invasión de Silvercorp.
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Mientras más nobles las normas, más infame el uso que les da el lawfare. En lugar de garantizar los Derechos Humanos, Estados Unidos soborna magistrados y ONG´s para acusar a sus adversarios y llevarlos como reos a la Corte Penal de la Haya, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Comisión de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. 0rganismos a los cuales por cierto no está sometido Estados Unidos.
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Así como hay penas y demandas por mala praxis médica, debía haberlas por la mala praxis del lawfare. No es posible que jueces no elegidos democráticamente destituyan a Presidentes electos por las mayorías como Fernando Lugo o Lula con acusaciones de las cuales a la postre resultan inocentes, que depongan a Dilma Roussef por la contravención menor de dedicar fondos de una partida presupuestaria para los fines de otra, que se hostigue a Rafael Correa, a Cristina Fernández de Kirchner y a Pedro Castillo con diluvios de demandas temerarias para truncar sus carreras políticas. La democracia debe entrar al Poder Judicial.
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Finalidad última del lawfare es el pillaje de los bienes de los Estados en el exterior, a pesar de que la Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes de 17 de enero de 2005 lo prohíbe, porque se presumen destinados a fines de interés público. Las potencias que destruyeron Libia y lincharon a Muammar Kadafi se apoderaron de 250.000.000 millones de dólares de reservas de dicho país, de las cuales no se ha sabido más nada.
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Instrumento favorito del latrocinio es reconocer a algún fantoche elegido por nadie como mandatario de un país rico, y hacerse transferir por él los bienes públicos. Jeannine Añez iba a entregar el litio de Bolivia. Valiéndose de un Autoproclamado, el Bank of England pilló 31 toneladas de oro venezolano, Estados Unidos robó las refinerías venezolanas de Citgo, y Colombia la de Monómeros. Rafael Ramírez parecería haberse lucrado con 4.500 millones de dólares de PDVSA. El Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias sobre Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial del cual nos retiró Chávez, acaba de condenar a Venezuela a pagar 875.000 millones de dólares a Conoco Phillips.
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Estos demoledores golpes no hubieran podido darse sin complicidad interna. La Asamblea Nacional ha ratificado tres decenas de Infames Tratados contra la Doble Tributación, que inconstitucionalmente someten los litigios sobre materias de orden público nacional a tribunales extranjeros. Desde entonces menudean normas y pactos en tal sentido. Con el amigo Fermín Toro Jiménez entablé demanda contra esta abdicación de la soberanía: la magistrada Luisa Estela Morales de Lamuño la rechazó en sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de junio de 2009 que reza: “esta Sala comparte el criterio que asentó la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia (..) en relación con el artículo 127 de la Constitución de 1961, conforme a la cual (..) la redacción (..) no deja la menor duda de que el constituyente (..) se acogió al sistema de inmunidad relativa que ya había establecido la constitución de 1947 “. Inmunidad “relativa” equivale a soberanía relativa, pues la inmunidad de jurisdicción es irrenunciable principio de nuestra soberanía consagrado en el artículo 1 de nuestra Carta Magna.
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Parlamentarios que sancionan leyes que inconstitucionalmente someten a sus países a tribunales extranjeros, jueces que pretenden legitimarlas y administradores que contratan y colocan esos bienes en posesión del adversario, entre todos tejen la soga con la cual nos ahorcan los imperios.
TEXTO/FOTOS: LUIS BRITTO
