La desordenada y brutal intencionalidad de Estados Unidos de controlar las orientaciones políticas, económicas, comunicacionales, militares y culturales de Latinoamérica está vinculada con la pérdida de su relevancia en la región.
El último jueves, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, se arrogó el derecho de opinar sobre los acuerdos políticos necesarios para llegar al proceso electoral de 2023. El sincericidio del texano, de carácter injerencista, fue la respuesta de la oposición local a la movilización del día anterior, en la que sindicatos y movimientos sociales marcharon contra los intereses oligárquicos concentrados. Stanley, como cabeza primigenia de la oposición neoliberal, exigió compromisos inmediatos antes de que los sectores populares se decidieran a darle otra orientación al futuro.
Las palabras imperativas del enviado de Washington, referidas a que el sistema político debe trabajar “en acuerdos desde ahora, y no esperar a las elecciones de 2023″, fueron enunciadas en la conferencia anual del Consejo de las Américas, el cenáculo fundado por David Rockefeller en 1963 para imponer orientaciones económicas a los diferentes países de América Latina y el Caribe. Su sentencia fue interpretada en clave de exclusión del kirchnerismo: no sea cosa que la crisis vuelva a posicionar en el primer plano a la máxima referente del movimiento popular.
Una semana atrás, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acusó a quien lidera la oposición en su país, Claudio Xavier González Guajardo, de haber sido financiado de forma ilegal por la embajada de Estados Unidos durante una década. La denuncia ante los tribunales aztecas también fue girada hacia la delegación diplomática, acompañada de una protesta formal por la injerencia promovida por el Departamento de Estado.
González es hijo de quien fuera el más alto ejecutivo mexicano de la corporación Kimberly-Clark, cuya sede se encuentra en Dallas. Desde que AMLO fue elegido primer mandatario, González fue postulado por los medios propagandísticos del neoliberalismo local como el máximo aspirante a disputar la presidencia en las elecciones de 2024. También conformó la corriente política “Sí por México”, avalada desde Washington mientras dirigió la ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, denunciada por malversación de fondos, fraude fiscal, supresión de registros financieros (de las transferencias internacionales recibidas) y por el origen de dichas donaciones.
Entre 2019 y 2020, la delegación diplomática estadounidense, asentada en el número 305 del Paseo de la Reforma, le otorgó a la organización conducida por Claudio Xavier González un total de 25,7 millones de pesos mexicanos, un monto equivalente a 1,3 millones de dólares. Otros donantes institucionales de Mexicanos contra la Corrupción fueron el Fondo Nacional por la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) y la Agencia para el Desarrollo Internacional (conocida como USAID).
La primera de ellas depende del Congreso de los Estados Unidos y la segunda del Departamento de Estado. Entre 2018 y 2020, la ONG fundada por González le asignó honorarios por 370.000 dólares, pese a que ese monto excedía las cifras autorizadas por la normativa vigente para fundaciones de ese tipo.
“El empresario Claudio González debe a la sociedad una explicación –señaló AMLO el último 11 de agosto en su habitual conferencia de prensa matinal– (…) Ya nosotros sabemos que recibían dinero de las organizaciones empresariales, de empresarios o influyentes y también de la embajada de Estados unidos. Pero ellos deberían decir: ‘Así nos financiamos y con este dinero pagamos abogados para promover los amparos en contra de las obras que está haciendo el gobierno’”.
En la misma línea, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña –integrante de la bancada oficialista de la Cuarta Transformación, 4T– fue aún más explícito al repudiar el injerencismo de Washington y acusar a la oposición de ser funcional a los intereses extranjeros. El líder de “Sí por México” y las agencias de Washington –subrayó el precandidato a presidente Noroña– se encuentran trabajando en forma mancomunada para consolidar una alianza de todos los partidos de la oposición (PRI, PAN y PRD), destinada a impedir la continuidad del programa nacionalista popular de AMLO, en 2024.
Quebrar soberanías
“En vez de defender los intereses nacionales, defienden a las empresas extranjeras –denunció el primer mandatario– (…) Son unos traidores a la patria. México es un país independiente, no es colonia de ningún país extranjero, y el Presidente de México no es un títere, no es un pelele, de ningún gobierno del exterior (…) voy a hacer valer la independencia y la soberanía de México. Aun tratándose del mercado más importante del mundo… el TEMEC. Si tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía, no vamos a aceptar entregar nuestra independencia… a ningún gobierno extranjero”.
Las palabras de AMLO apuntan a la problemática central que explica el subdesarrollo y la pobreza de América Latina y el Caribe: el modelo injerencista que se impone desde Washington. Las estrategias del Departamento de Estado para monitorear, condicionar y orientar las políticas de los países que consideran parte de su “patio trasero” incluyen tres modelos diferentes pero articulados:
- Intervención directa, mediante acciones de presión y extorsión diplomática y/o de intrusión de agencias federales como NED, USAID, DEA o CIA. Este modelo incluye la remanida oferta de capacitaciones militares, jurídicas o de seguridad con las que cooptan a cuadros burocráticos y políticos para integrarlos a sus planteles de /influencers /domésticos.
- Injerencia indirecta, a través del financiamiento de centros académicos, fundaciones, universidades, cámaras empresariales y colectivos de género y/o medioambientales.
- Intervención clandestina, utilizando agencias de seguridad, redes de lobistas e informantes.
Las acciones que responden al primer modelo –en su acepción de articulación con agencias de seguridad– pueden ejemplificarse con la conformación de los Grupos Operativos Conjuntos que la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich creó en connivencia con sus socios de la DEA. En 2015 residían en la Argentina tres agentes de este organismo. Un año después, gracias a la bonhomía de la entonces ministra de Seguridad, se sumaron otros siete.
El modelo de intervención directa se evidenció la última semana, con toda crudeza, en Paraguay. Ocho meses antes de las elecciones presidenciales, la delegación diplomática estadounidense asumió el rol de elector supremo al designar al actual Vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, como “significativamente corrupto”. El embajador en Asunción, Marc Ostfield, transmitió a los medios de comunicación la caracterización decidida por el secretario de Estado, Marc Blinken.
En forma inmediata, Velázquez decidió renunciar a la vicepresidencia y a su candidatura a la presidencia impulsada por el Partido Colorado, cuya denominación oficial es Asociación Nacional Republicana. Un mes atrás, el 22 de julio de 2022, la misma dependencia federal comandada por Blinken había catalogado al ex Presidente guaraní Horacio Cartes con el mismo sambenito, prohibiéndole a él y su familia el ingreso a Estados Unidos. Cartes controla una de las líneas internas dentro del coloradismo y los analistas políticos locales consideran que la información utilizada por los agregados políticos de la embajada fue provista por sectores ligados al ex mandatario, amigo y confidente del expresidente neoliberal Mauricio Macri.
El modelo de injerencia directa se observa con claridad en las últimas semanas en relación a Colombia. La decisión soberana del nuevo Presidente Gustavo Petro de restablecer vínculos diplomáticos plenos con Venezuela, nombrando embajador en Caracas al experimentado Armando Benedetti, mereció la siguiente consideración por parte del Departamento de Estado: “Hacemos un llamado a los gobiernos democráticos para que respeten las normas democráticas que han sido violadas por regímenes dictatoriales como el de Maduro en Venezuela”. El otro mensaje de Washington fue aún más explícito: rebajó el carácter del vínculo diplomático, al sustituir un embajador de alto perfil, como Philip S. Goldberg, por el agregado comercial Francisco Palmieri.
La embajadora en Honduras es Laura F. Dogu. Antes de viajar a Centroamérica se desempeñó como asesora de Política Exterior del jefe de Estado Mayor del Ejército. Una de las primeras tareas impulsadas por su gestión fue la capacitación de las Fuerzas Armadas hondureñas en temáticas vinculadas al derecho internacional humanitario y la equidad de género. Los encargados de dictar dichos contenidos académicos no fueron profesores especializados provistos por ONGs ni por experimentados docentes universitarios sino por uniformados del Comando Sur (USSOUTHCOM por sus siglas en inglés).
Los uniformados hondureños han sido fieles amanuenses del Comando Sur y suelen reportarse ante la base Soto Cano, ocupada por los estadounidenses. En 2009 se produjo un golpe de Estado contra Manuel Zelaya, el esposo de la actual Presidenta Xiomara Casto. En aquella ocasión la represión produjo una veintena de personas asesinadas, sin que hasta el momento los militares involucrados hayan tenido que someterse a la Justicia. Sus oficiales, hoy capacitados en derechos humanos, se constituyeron en el soporte del Presidente golpista Juan Orlando Hernández, extraditado un año atrás por delitos de narcotráfico.
A principios del presente año, el Departamento de Estado entregó una donación de 1,3 millones de dólares al gobierno de Guillermo Lasso para capacitar a militares ecuatorianos en técnicas de desminado. Pocos meses después —mientras se debatían ascensos militares— el embajador Michael J. Fitzpatrick aseguró que existe una gran “penetración del narcotráfico en el Ecuador” y que proliferan los “narcogenerales” en las Fuerzas Armadas. El mismo Fitzpatrick avaló en 2019 la represión que produjo 11 asesinados durante el paro general.
Fantasmas de Eurasia
En julio último se realizó en Miami la Cumbre de Seguridad del hemisferio occidental. Su lema fue “Concordia de las Américas”. La alocución central fue pronunciada por la jefa del Comando Sur, general Laura J. Richardson, quien señaló que “de los 31 países que abarca el Comando Sur, 21 ya han firmado la iniciativa china del Cinturón y la Ruta, y esto es muy preocupante”.
La diatriba contra los vínculos soberanos de los países latinoamericanos y caribeños fue prologada por el artículo escrito por el asiduo redactor de sus discursos, Leland Lazarus, quien advirtió en marzo último que “al centrarse predominantemente en la relación económica y comercial de China con la región se pasa por alto una tendencia alarmante observada en otras partes del mundo, que bien podría repetirse en Latinoamérica y el Caribe: China suele aprovechar intereses comerciales aparentemente inocuos con fines militares”. La demonización fue publicada en marzo en la influyente revista Foreign Policy.
Quienes se erigen en la actualidad como dos de los máximos disciplinadores de los díscolos gobernantes instalados al sur del Río Bravo son los senadores Bob Menéndez (demócrata de Nueva Jersey) y Marco Rubio (republicano por Florida). Ambos han presentado un proyecto orientado a contrarrestar la “influencia maligna” de China en la región con eje en la cooperación en seguridad y lucha contra el narcotráfico, paraguas que ha servido en las últimas décadas para profundizar los lazos injerencistas.
En esa misma línea, el investigador del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército, Evan Ellis, expuso su preocupación ante la Comisión de Seguridad y Defensa de la Cámara de Representantes. En su ponencia definió como grave la creciente expansión y amenaza generada por Vladimir Putin en América Latina. “Rusia ha demostrado su intención y capacidad, aunque limitada, de llevar a cabo actividades militares y otras actividades estratégicas orientadas contra Estados Unidos y nuestros socios en el Hemisferio Occidental”. En síntesis, Washington se arroga la definición de la política exterior de todo el continente. America para los americanos.
La desordenada y brutal intencionalidad de controlar las orientaciones políticas, económicas, comunicacionales, militares y culturales de Latinoamérica está vinculada en forma directa con la pérdida relativa de su relevancia en la región. Michael Shifter y Bruno Binetti asumen en un reciente artículo que Washington deberá prepararse para una nueva etapa en la que sus funcionarios deberán acostumbrarse a interactuar en forma más horizontal con sus vecinos. De no hacerlo, conjeturan, perderán aún más capacidad de influencia. “Tendrán que aprender a trabajar e interactuar con una región que depende menos de Estados Unidos, política y económicamente, que en cualquier otro momento”. Esa misma perspectiva es la que asume Oliver Stuenkel en un reciente artículo del Council on Foreign Relations.
Los sectores más recalcitrantes, sin embargo, se resisten a asumir los nuevos tiempos: uno de ellos es el cruzado Ted Cruz, quien repudió el último 5 de agosto en el Congreso el triunfo de Gustavo Petro. Según sus palabras, una inmensa mancha roja de socialismo marxista se está apoderando de la región, al sur de su Texas natal.
El tablero internacional se está reconfigurando. Pero hay actores que no soportan vivir en un mundo en el que las soberanías nacionales tienen cada vez más relevancia. Las sombras, sugiere un refrán chino, suelen ocuparse de ellos.
Fuente: Alai
