El pasado 15 de septiembre, Marcela Escobari, actual administradora asistente para América Latina y el Caribe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ofreció un testimonio ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, en el que evalúa la política de Washington hacia Venezuela, más específicamente, la de esa agencia.
Como sabemos, la USAID, mediante programas de apoyo financiero y entrenamiento, forma parte del aparato intervencionista de Estados Unidos y tiene varios años influyendo en los asuntos internos de Venezuela, cada vez con menos discreción.
El punto de mayor relevancia en el testimonio de Escobari es el que muestra las acciones que tomará la agencia de ahora en adelante, en vista del fracaso de la operación Guaidó, por un lado, y de los pasos que ha dado el gobierno venezolano para restablecer el orden político y conseguir alivio en el sector económico, aún en en medio de las medidas coercitivas unilaterales.
Antes de eso, Escobari hace una exposición de los motivos por los que, según la USAID, el gobierno estadounidense debe continuar financiando acciones de injerencia «humanitaria» en Venezuela. Por supuesto, los datos o bien son arbitrarios (valiéndose de su propio sistema de fuentes) o están sacados de contexto, pero conocer los más importantes nos dará una mejor visión sobre los elementos que seguirán siendo explotados como narrativa en contra del país.
CAMPAÑAS DE MENTIRAS PARA JUSTIFICAR EL PASO SIGUIENTE
El primero de ellos aborda la situación económica actual. La USAID trata de desmeritar los avances del Estado venezolano en este tema, que se han visto reflejados en una parcial estabilidad del tipo de cambio, en la recuperación de la actividad comercial y en la erradicación de la hiperinflación.
Según el FMI, la economía de Venezuela se contrajo de 352,2 mil millones de dólares en 2012 a 46,5 mil millones de dólares en 2021, un descenso del 86,8%. Incluso si la economía creciera en la estimación del régimen del 10% en 2022 -y eso es poco probable- el declive seguiría siendo del 85,5%.
La parte que citamos arriba utiliza los datos del FMI (organismo que se negó a entregar a Venezuela 5 mil millones de dólares en derechos especiales de giro que se iban a usar en el abordaje de la pandemia y que ha legitimado, desde el principio, la tasa del dólar respecto al bolívar en el mercado paralelo ilegal) para subrayar la idea de que Venezuela no está atravesando ninguna recuperación económica y que la «intervención» es necesaria.
Una afirmación que es fácil de desmontar, pues hay suficiente datos de organismos independientes que respaldan la tesis de que las mal llamada «sanciones» emitidas por Estados Unidos, y también de la Unión Europea, han socavado la economía venezolana y afectado la situación humanitaria, especialmente respecto a la alimentación y la salud. El informe de la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, es uno de ellos. Las conclusiones sobre la situación en Venezuela fueron presentadas después de entrevistarse con actores institucionales y de varios sectores políticos.
La economía venezolana ha sido blanco de 502 medidas coercitivas unilaterales (Foto: EFE)
Otro tema que toca la evaluación de la USAID es el migratorio. Expone cifras desproporcionadas sobre la migración venezolana (y no menciona nada sobre la cada vez más creciente afluencia de venezolanos que regresan al país) y, aprovechando el contexto de la guerra en Ucrania, hace una comparación que manipula ambos casos de migración y pone como más urgente el venezolano. Algo similar ha hecho el antichavismo con Siria. David Smolansky, dirigente del partido Voluntad Popular, siempre hace comparaciones que buscan exagerar la situación migratoria en Venezuela.
Recordemos a quien puso la administración Biden a cargo de la USAID. Samantha Power, primera promotora de la intervención militar en Libia y de la interpretación más violenta de la doctrina R2P (responsabilidad de proteger) ha anexado nuevos ingredientes a la narrativa de la diáspora venezolana, que incluyen la explotación mediática de los pasos de migrantes por la Selva de Darién, entre Colombia y Panamá, y Río Bravo, entre México y Estados Unidos, para mantener con vida ese relato. Por lo tanto, no es extraño que uno de los tópicos en la evaluación de Escobari sobre Venezuela se afinque en la supuesta crisis migratoria.
Por último, se dedican un párrafo a la habitual desligitimación de las instituciones venezolanas, acusando al gobierno de Maduro de «corrupción, censura y coerción». El énfasis está puesto en la supuesta persecución y arrestos políticos, y es respaldado con los cuestionados informes de la OEA y la Misión «Independiente» de Determinación de los Hechos en Venezuela de la ONU, así como de autonombrados defensores de derechos humanos que muchas veces reciben financiamiento de la propia USAID.
El Gobierno venezolano ha facilitado todas las herramientas para que la Corte Penal Internacional (CPI) pueda determinar la situación de los derechos humanos en Venezuela, incluso ha conseguido que la institución abra una oficina en Caracas para profundizar el enlace.
Así mismo, desde 2019 ha puesto en práctica mecanismos de cooperación y asistencia técnica con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y le ha permitido realizar sus labores con total libertad.
Los reportes que han resultado de ambas articulaciones contrastan con la campaña de mentiras que pretenden criminalizar a Venezuela y con los informes que publicó la ex Alta Comisionada de la ONU, Michel Bachelet, antes de trabajar en coordinación con el gobierno venezolano.
LA HOJA DE RUTA Y ALGUNOS ESCENARIOS
La última parte del documento es la más valiosa («apoyo a la transición democrática»), como dijimos al principio, ya que expone las principales características del plan de la USAID en Venezuela. Se refiere a «tres áreas para promover la unidad de la oposición y presionar para mejorar las condiciones electorales». Allí dice que seguirá apoyando al «gobierno interino», pero que también apoyará la iniciativa de unas primarias electorales para la posterior participación en las presidenciales.
La USAID está admitiendo abiertamente que apoyará la formación de un candidato en el antichavismo para que se postule en unas elecciones que desde el principio llama «elecciones no libres». A estas alturas del juego político, sabemos que cuando dice «apoyar» se refiere a ajustar uno que siga los requisitos de la Casa Blanca.
En ese sentido, la agencia manifiesta la intención de financiar a los medios de comunicación y ONG’s que quieran servir de plataforma para darle mayor cuerpo al tema de la «crisis migratoria» y de la «violación de derechos humanos».
No se trata de algo que la USAID no haya intentado anteriormente. Desde hace dos décadas, cada campaña electoral en Venezuela ha sido acompañada con millones de dolares, facilitados por la agencia estadounidense a medios y ONG, para fortalecer los candidatos del antichavismo o alimentar el relato de «fraude electoral», según lo requiera el caso. En 2021, por ejemplo, fue creado un nuevo recurso de injerencia extranjera (Monitor Venezuela), con la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y la Asociación Civil Súmate, cuyo fin era conspirar y desinformar en torno a las elecciones regionales y municipales.
Otro precedente que habría que destacar: en el contexto del golpe de Estado de 2002, la USAID comenzó a financiar un proyecto para apoyar a los grupos de oposición en Venezuela bajo el pretexto de la promoción de la democracia. La agencia ni siquiera trató de ocultar que se trataba de un programa de cambio de régimen, fue bautizado como «Oficina de Iniciativas de Transición (OTI)». Guaidó también operó con ayuda de esa oficina.
El Gobierno estadounidense está reajustando su estrategia frente al nuevo panorama venezolano. El documento de la USAID es una señal, al igual que lo es la participación de algunos presidentes de la región latinoamérica durante los debates de la 77° sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Influenciados por su relación con Estados Unidos, Jair Bolsonaro (Brasil) y Gabriel Boric (Chile) explotaron el tema de la migración venezolana, mientras que Mario Abdo Benítez (Paraguay) habló de liderar una investigación sobre la presunta violación de los derechos humanos en Venezuela.
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El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, utilizó su derecho de palabra en la Asamblea General de las Naciones Unidas para anunciar una investigación contra Venezuela en materia de derechos humanos (Foto: ONU)
Reforzar la manipulación perceptiva contra el país, vía migración venezolana y derechos humanos, también podría servirle de excusa al Gobierno estadounidense para sabotear el diálogo político, lo que postergaría las sesiones de diálogo entre gobierno y oposición en México. Esto sería útil para seguir golpeando la economía venezolana, que apenas da signos prematuros de recuperación. De ese modo, habría un ambiente más favorable para producir un nuevo consenso y percepción sobre el expediente Venezuela.
Son muchos los escenarios posibles en esta reedición de la agenda de presión contra Venezuela, y la urgencia y desesperación es mayor, en vista de que el país, contra todo pronóstico, ha conseguido responder y salir bien parado de la guerra no convencional en su contra.
Fuente: Misión Verdad
