Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) alertó que armas de alto calibre están llegando ilegalmente a Haití en cantidades cada vez mayores. Desde al menos hace dos años, observadores han advertido de una circulación sin precedente de armas, que coincide con el crecimiento de bandas criminales dedicadas al narcotráfico, secuestro, extorsión y robo. Se calcula que 60 por ciento del territorio haitiano se halla bajo control de estos grupos, situación que exacerba las dificultades de una nación sumida en una miseria crónica, devastada por terremotos y huracanes, y donde ha desaparecido casi cualquier rastro de gobernabilidad.
La actividad delictiva impide que medio millón de niños acudan a la escuela, complica de manera exasperante la entrega de ayuda humanitaria y desquicia una economía ya de por sí endeble. En octubre pasado, en medio de un brote de cólera que hizo temer una catástrofe sanitaria, no podía producirse ni distribuirse agua embotellada debido a la escasez de combustible ocasionada por la inseguridad en los caminos. El gobierno carece tanto de los recursos como de la legitimidad para encarar a estas bandas: desde 2016 no se celebran elecciones, el Poder Legislativo se encuentra vacante y el Judicial nada aporta a la procuración de justicia. Las fuerzas del orden son precarias y no disponen de efectivos ni de insumos para cumplir sus funciones.
El recrudecimiento de la crisis haitiana responde a una multitud de factores y se enraíza en la complejísima historia de este país, pero no puede ignorarse el nefasto papel que juega el libertinaje armamentístico estadunidense: de acuerdo con la ONUDD, la mayoría de las armas que nutren el “deterioro rápido y sin precedente de la seguridad” procede de Estados Unidos, donde son adquiridas de manera legal para luego traficarse a través de canales clandestinos. En este punto, la situación de Haití tiene paralelismo con la de México, pues las ganancias de los armeros estadunidenses y la indolencia o complicidad de las autoridades de esa nación con los fabricantes de muerte se traducen en violencia y desintegración social en las regiones a donde llegan las armas.
La intervención de la comunidad internacional en Haití en décadas recientes ha ido de lo insuficiente a lo francamente dañino, como ocurrió con los abusos sexuales contra mujeres y niñas perpetrados por las fuerzas de paz desplegadas por la ONU entre 2004 y 2017. Sin embargo, en estos momentos en que no cabe duda de que la sociedad haitiana requiere con urgencia la máxima asistencia posible para afrontar los efectos del resquebrajamiento del Estado, el mundo voltea hacia otro lado. Occidente vuelca sus recursos y su atención a profundizar la guerra en Ucrania y a buscar la destrucción geopolítica de Rusia, con lo que no queda espacio en la agenda ni en los presupuestos para auxiliar a millones de haitianos cuyas vidas se ven acechadas por el hambre, las enfermedades y la violencia.
La degradación de las condiciones en Haití no puede pasar inadvertida en México, a donde cada vez más isleños acuden no sólo con la intención de alcanzar Estados Unidos, sino también de instalarse aquí: una encuesta aplicada por la Organización Internacional para las Migraciones registró que 74 por ciento de los haitianos ubicados en nuestro país deseaba quedarse, y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió 51 mil solicitudes de refugio de esta comunidad sólo en 2021. Ello implica desafíos para brindar apoyo y proteger los derechos humanos de quienes llegan a territorio mexicano en medio de enormes penalidades, los cuales deben ser abordados desde una perspectiva humanitaria y generosa, pese a los limitados fondos de que dispone nuestra hacienda pública.
