Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) manifestaron este viernes 8 de agosto su rechazo al ataque proferido por el gobierno de Estados Unidos (EEUU) contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien intentan criminalizar para apartarlo del poder.
La fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, anunció que duplicó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por la detención de Maduro fijada en 2020 durante el primer gobierno del actual Jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.
Al momento de dar el anuncio, Bondi repitió narrativas que alegan, sin prueba alguna, que el mandatario venezolano está asociado a supuestas bandas de narcotráfico y círculos criminales, como el inexistente Tren de Aragua.
“El ALBA-TCP condena esta agresión mitómana, cuyo propósito es alimentar una matriz errada y errática sobre la hermana República Bolivariana de Venezuela”, expresó el bloque en un comunicado publicado en sus redes.
La operación mediática contra Maduro “no hace más que intentar ocultar la propia realidad interna de Estados Unidos: desigualdad extrema, racismo estructural y abandono sistemático de su población más vulnerable”.
El gobierno de la nación norteamericana busca “desviar la atención sobre los graves crímenes sistemáticos cometidos diariamente por el imperio estadounidense, responsable de masivas violaciones de derechos humanos, de agresiones imperiales y de ser el principal patrocinador del genocidio perpetrado por el Estado sionista de Israel”.
Ante la agresiva campaña de tergiversación, “los países de la Alianza reafirman su respaldo inequívoco al presidente Nicolás Maduro Moros y saludan todos los esfuerzos que se vienen realizando para garantizar al pueblo venezolano la mayor suma de felicidad posible”.
Además del ALBA-TCP, los gobiernos y pueblos de Cuba, Nicaragua e Irán manifestaron su solidaridad al presidente venezolano.
Apoyo abierto al régimen criminal de Israel
La orden de captura al mandatario venezolano fue impuesta en 2020, durante el primer período de Trump en la Casa Blanca. Esto ocurrió en un contexto de relaciones tensas atizadas por la extrema derecha venezolana, cuyos líderes solicitaron una avanzada de “sanciones” para asfixiar la economía en la nación suramericana y, con ello, asestar un golpe de Estado.
Así, en aquella oportunidad, el Departamento de Estado, dirigido por Mike Pompeo, fijó una “recompensa” de 15 millones de dólares al asociar a Maduro a supuestos actos “terroristas” y “narcotráfico”.
Posteriormente, en enero de 2025, a días de dejar la Casa Blanca, el expresidente Joe Biden elevó la cifra a 25 millones de dólares, luego de que Maduro—tal y como dicta la Constitución— asumiera un nuevo mandato tras resultar electo con el 52% de los votos en los comicios de julio de 2024.
Maduro no es el único representante de los poderes públicos asediado por EEUU. En la lista también está el ahora ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, y el ministro para la Defensa, general Vladimir Padrino López.
Según Bondi, la administración de Trump busca proyectar una imagen que la posicione en la primera línea en el “combate contra el crimen”. No obstante, estos esfuerzos son inútiles, ya que el magnate apoya y financia abiertamente al régimen sionista de Israel que, en casi dos años, ha asesinado impunemente a más de 61.000 palestinos en Gaza, en su mayoría mujeres y niños.
