El Capítulo Chile de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad manifiesta su rechazo frente a la desproporcionada medida cautelar de prisión preventiva contra el Alcalde de la Municipalidad de Recoleta, Daniel Jadue Jadue.
Consideramos de la mayor gravedad que una autoridad municipal electa por el voto popular, esté siendo separado de su cargo como consecuencia de una medida cautelar desmesurada, en circunstancias que no se han acreditado los delitos que se le acusan. De igual manera, observamos con asombro cómo en otras causas judiciales recientes se dictan medidas cautelares menos perjudiciales para autoridades o dirigencias públicas habiendo abundante prueba en su contra, y dicho más en general, se toman vías de acción muy distintas de parte de los órganos persecutores de la Fiscalía y tribunales de justicia ante otras investigaciones y juicios de connotación pública y política como este caso.
Denunciamos que la justicia en Chile ha actuado y actúa en innumerables casos de forma sesgada, con un notorio criterio de clase y bajo la captura por parte de los sectores más poderosos de nuestra sociedad, como ocurre nuevamente en este caso, en que se dicta la medida cautelar más gravosa de forma innecesaria e injustificada.
Valoramos la gestión en el gobierno municipal de Recoleta del Alcalde Daniel Jadue, que ha mostrado una gestión innovadora y transformadora que ha tenido impacto en todo Chile, con iniciativas e ideas luego seguidos por decenas de otros municipios, constituyéndose en una referencia que ahora pretende ser ensuciada y truncada por medio de las acciones aquí denunciadas.
Así, la causa judicial emprendida contra Daniel Jadue y la gestión de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp) se constituye a cada paso con más claridad en un nuevo caso de “guerra jurídica” o “lawfare”, como se ha denominado a las operaciones de ataque judicial y mediático dirigidas a derribar a dirigencias políticas y liderazgos públicos que resultan adversarios a los poderes dominantes de nuestras sociedades, las que ya han sido empleadas en numerosos otros países de América Latina en los últimos años. Se trata de un entramado que involucra la participación de actores judiciales, del Ministerio Público, y otros órganos estatales relacionados con la actividad persecutoria y judicial, como a formadores de opinión y a las líneas editoriales de los grandes medios de comunicación oligopólicos.
Ante este preocupante escenario, exigimos que se respete el principio de presunción de inocencia, nos unimos a las diversas y masivas manifestaciones de apoyo y solidaridad con el compañero Daniel Jadue ante esta injusta situación, y hacemos un llamamiento a continuarlas en lo sucesivo.
Santiago de Chile, 4 de junio de 2024.
