Al amparo de un renovado instrumental jurídico establecido en materia de consumo de drogas ilícitas, que cataloga como agrupaciones terroristas a las asociaciones vinculadas al narcotráfico, el gobierno de los Estados Unidos ha declarado que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, dirige una estructura criminal ligada al tráfico de estupefacientes.
Denunciamos que se trata de una nueva puesta en escena que hace parte de aquella secuencia repetitiva y, hasta ahora, interminable con que acostumbra Estados Unidos moldear el mundo desde que se convirtió en una superpotencia global después de la Segunda Guerra Mundial.
A meses de la promulgación de la nueva ley de designación de cárteles y otras organizaciones como organizaciones terroristas globales, la secretaria de justicia de ese país, Pam Bondi, junto con anunciar una recompensa de US$ 50 millones para información que lleve al arresto de Nicolás Maduro, declaró que Maduro “es una amenaza a la seguridad nacional” de Estados Unidos. Transcurridos un par de días se informó sobre el despliegue de una flota de guerra en el Mar Caribe frente a las costas de Venezuela.
Argumentos de esta estirpe, que dudosos en un inicio luego se demuestran falsos, hacen parte de una largas historia de intervencionismo norteamericano, que con la excusa de defender la paz y la democracia ha propiciado golpes de Estado en Latinoamérica e invadido países, como es el caso de Grenada (1983) y Panamá (1989). Similar situación se observa en otros continentes en los cuales ha propiciado guerras como es el caso de Afganistán, Irak, Libia. Sin contar el apoyo que ha brindado a Israel y su genocidio en curso contra el pueblo palestino.
El ignominioso trayecto de intervencionismo norteamericano ha venido siendo justificado preferentemente por parte de las elites empresariales, religiosas y políticas de este país mediante un proclamado compromiso con la promoción internacional de la democracia y los derechos humanos.
Ante este panorama, desde Chile vemos con profunda consternación los hechos que vienen aconteciendo en materia de política internacional en estas semanas. Dado el carácter gravemente atentatorio del derecho internacional, tal como lo indica la Carta de Naciones que consagra la resolución de controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia, rechazamos categórica y públicamente el actuar ilegítimo del gobierno de EEUU encabezado por el presidente Donald Trump y su secretario de Estado Marco Rubio.
Exigimos al gobierno del presidente Gabriel Boric rechazar el accionar de las agencias estatales norteamericanas, alentando al canciller Alberto van Klaveren a continuar en la senda planteada por la presidencia de la plataforma intergubernamental latinoamericana CELAC. Ello, en la dirección de exigir que toda preocupación legítima se canalice por vías diplomáticas y multilaterales, protegiendo a América Latina y el Caribe como zona de paz mediante instituciones, cooperación y confianza mutua, no con amenazas militares que generan implicaciones negativas para la seguridad humana, el comercio, el turismo y las economías de todos nuestros países.
Hacemos un llamado a la ciudadanía informada, organizaciones sociales, partidos y actores políticos diversos a comprender que más allá de las diferencias y distancias con el gobierno bolivariano de Venezuela, recelo alimentado en gran medida por Estados Unidos, las derechas latinoamericanas y los medios de comunicación, que lo que está en juego es la amenaza sobre las posibilidades de pensar el destino de nuestras sociedades y naciones en base a la autodeterminación de los pueblos, y no bajo el tutelaje extranjero.
Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad Capítulo Chile
Santiago de Chile, 6 de septiembre de 2025.
