Por Geraldina Colotti.
El viernes 1 de agosto, el expresidente colombiano, Álvaro Uribe, declarado culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal, fue condenado a 12 años, a cumplir bajo arresto domiciliario. La lectura de la sentencia, de más de 1.000 páginas, puso un primer punto y final a un proceso judicial en curso desde hace 13 años y que ha sufrido todo tipo de obstáculos. La defensa presentará un recurso de apelación.
Mientras tanto, se ha producido una sentencia histórica, porque por primera vez en Colombia, un presidente es condenado penalmente por delitos comunes. El caso comenzó en 2012, cuando Uribe denunció al entonces congresista Iván Cepeda por presuntamente manipular testimonios en su contra. En 2018, la Corte Suprema no solo descartó la investigación contra Cepeda, sino que abrió una contra Uribe por presunta manipulación de testigos.
Desde entonces, el caso ha atravesado varios momentos clave: la detención domiciliaria de Uribe en 2020, su renuncia al Senado y el traslado del proceso a la justicia ordinaria, donde finalmente enfrentó una fase de juicio de 67 días, que culminó con la sentencia del pasado lunes. Ahora, si el tribunal no trata el recurso de apelación, que la defensa de Uribe presentará el 11 de agosto, antes del 16 de octubre, habrá prescripción.
Y esta ha sido siempre la estrategia del expresidente, durante mucho tiempo el hombre más poderoso de Colombia, que aún mueve muchos intereses en un país profundamente marcado por décadas de conflicto, desigualdad estructural y dependencia económica de Estados Unidos.
A través del secretario de Estado, Marco Rubio, los Estados Unidos protestaron por la sentencia, mientras que el diputado de Florida, Mario Díaz-Balart, definió el juicio como una «farsa» y advirtió del “deterioro de la democracia” en Colombia… Del mismo tenor fueron las declaraciones de la representante de la extrema derecha venezolana, María Corina Machado, que expresó toda su “solidaridad, confianza y afecto” al “genuino aliado de la democracia y la libertad en Venezuela”.
El expresidente colombiano, Iván Duque, el “ahijado político” de Uribe, afirmó que un grupo de expresidentes, miembros de los think tanks neoliberales, Idea; y Libertad y Democracia, han pedido una supervisión internacional ante las “graves irregularidades” cometidas en el proceso contra Uribe.
La sentencia tendrá su peso en el complejo escenario político del país, ya en ebullición por las elecciones presidenciales de mayo de 2026. El presidente Gustavo Petro que, al igual que Lula en Brasil, busca un nuevo consenso consolidando su figura a nivel internacional, no ha podido dar pasos sustanciales hacia una emancipación plena de las tutelas internacionales, dada la pervasividad de los intereses político-militares norteamericanos e israelíes, presentes en su país, que pulula de bases estadounidenses.
A pesar de la bocanada de aire fresco determinada por el progresismo del gobierno y el freno impuesto a las recetas ultraliberales de los gobiernos anteriores, la economía, fuertemente ligada a la extracción de recursos naturales (petróleo, carbón, oro) y a los flujos financieros internacionales, reproduce una división internacional del trabajo que penaliza a las clases subalternas.
El papel histórico de Estados Unidos, a través de ayudas militares (como fue el Plan Colombia) y acuerdos comerciales, ha funcionado como vía de acceso a estos recursos y para imponer una política de “seguridad nacional” en tutela de los intereses del capital transnacional, en detrimento de la soberanía y del desarrollo autónomo.
Las arremetidas de orgullo de Petro, experimentado hombre de izquierda que ha combatido y luego gobernado las instituciones colombianas, van por lo tanto apenas un poco más allá de la política de anuncios: Colombia podría salir de la OTAN, desmintiendo la elección de los gobiernos de derecha anteriores; Colombia retira a sus diplomáticos de Israel (pero no rompe los contratos multimillonarios con sus empresas tecnológicas para la seguridad); Colombia enarbola la bandera de Bolívar y renueva su proyecto de una Patria Grande para América Latina, pero Petro no escatima críticas a la vecina Venezuela, patria y continuadora del proyecto del Libertador, con la cual también ha firmado un acuerdo para una Zona Económica Especial binacional. Etcétera.
De vez en cuando, los discursos pronunciados por Petro en el contexto internacional en base a un análisis preciso de las dinámicas en curso, dejan sin duda su marca, como ha sido recientemente en relación al genocidio en Palestina y al papel del régimen sionista.
La elección de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país, ha abierto indudablemente una nueva fase: o mejor dicho, más que nada una brecha en el sistema de poder existente que, desde el asesinato del líder liberal Eliecer Gaitán (en abril de 1948) ha cerrado sistemáticamente con la violencia cualquier espacio de viabilidad política para la oposición de izquierda. Atentados y complots – verdaderos o presuntos – influyen, sin embargo, todavía en la escena política.
Se ha visto con el ataque del 7 de junio pasado al político del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato a la presidencia en las elecciones de 2026. Por el atentado a Turbay, aún en el hospital por las graves heridas recibidas, los medios egemónicos han lanzado fuertes sospechas sobre Petro, retomando la campaña contra su figura de exguerrillero del grupo armado M19.
Se ha visto, sin embargo, también con el nuevo escándalo sobre un audio filtrado, ampliamente hecho público por El País, sobre un presunto complot para destituir a Petro, supuestamente orquestado por el exministro de Relaciones Exteriores y en un tiempo fiel aliado del presidente, Álvaro Leyva.
El octogenario Leyva se habría reunido secretamente a principios de este año con operadores republicanos en los Estados Unidos, incluyendo consultores ligados al círculo político de Donald Trump, a quienes habría pedido apoyo para la destitución de Petro, incluso con la participación de cárteles criminales que los Estados Unidos pueden controlar, como el Clan del Golfo, la más grande organización narcotraficante de Colombia, responsable de una ola de violencia, extorsiones y homicidios en todo el país.
Leyva también afirmó contar con el apoyo de importantes líderes empresariales, involucró a la exvicepresidenta colombiana, Francia Márquez, y pidió expresamente a los Estados Unidos que jugaran un papel clave en la «transición»: un esquema recurrente en América Latina y especialmente en Colombia, que ha suscitado alarma en la izquierda.
El regreso de la derecha más oscura – compuesta por narcos, paramilitares y sectores del Estado directamente gobernados por los Estados Unidos –, que en dos décadas ha asesinado a más de 6.000 líderes y militantes de la Unión Patriótica, además de dos de sus candidatos presidenciales, podría generar hoy una venganza análoga. Los gobiernos anteriores se han servido del paramilitarismo y de las nuevas formas de violencia como instrumentos para reprimir las movilizaciones sociales, defender los territorios estratégicos para la extracción y el narcotráfico, y desestabilizar cualquier intento de reformas estructurales que amenace el statu quo, con el pretexto de la “seguridad nacional”.
El gobierno de Gustavo Petro ha representado un intento de reposicionar al Estado como instrumento para enfrentar algunas de estas contradicciones. Las propuestas de reforma agraria, reforma sanitaria, reforma laboral y la búsqueda de una «Paz Total» con los grupos armados restantes (como el ELN y las disidencias de las FARC) han evidenciado el esfuerzo por modificar las relaciones de poder y mejorar las condiciones de vida de las clases populares.
Las reformas propuestas se han topado, sin embargo, con la resistencia de las clases dominantes, que controlan sectores clave de la economía, los medios tradicionales e influyen profundamente en el aparato judicial y legislativo, y no permiten afrontar los problemas de raíz.
La derecha ha acusado a Petro de haber inventado el complot para levantar una cortina de humo sobre las dificultades internas de su equipo de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.
Sin una reforma constitucional (por ahora improbable), Petro no puede volver a presentarse, pero está tejiendo el armazón de un nuevo escenario que impida el regreso de la derecha más extrema: incluso cooptando en la alianza de gobierno a las partes más moderadas.
Mientras tanto, a pesar del silencio de los medios que han desatendido la noticia, en Colombia se ha dado un paso altamente significativo: los principales partidos de la izquierda han elegido disolverse y unirse en una nueva formación política, con una dirección anticapitalista, ecologista, feminista, antirracista y antiimperialista. El nuevo partido se llama Pacto Histórico (Colombia Puede) y, como ha recordado Petro, debe ser un partido-movimiento.
Por ello, con un trabajo de preparación que dura desde hace años, se ha construido un sistema de normas, basado en pesos y contrapesos, para intentar no descontentar a ninguna de las componentes internas. Según las encuestas, la nueva formación es la favorita en los sondeos electorales de 2026.
Frente al avance de la extrema derecha en América Latina, el nuevo partido enfrenterá mientras tanto los dos primeros momentos electorales de los próximos meses: el primero será el 26 de octubre de este año, cuando las fuerzas del Pacto Histórico se medirán entre ellas para elegir al candidato o candidata a las presidenciales de mayo de 2026 (segunda vuelta, el mes siguiente). En las primarias podrá participar toda la ciudadanía.
Visto el resultado del proceso contra Uribe, el senador que inició la denuncia, Iván Cepeda, podría obtener el apoyo de las diversas almas que componen el partido. Entre las candidatas también está la senadora María José Pizarro, la que puso la banda presidencial a Petro cuando fue elegido. Es hija de Carlos Pizarro, el candidato del M19 después de que el grupo abandonara la lucha armada, y que fue asesinado por la narco-política de gobierno mientras iba en vuelo.
El segundo momento se presentará en marzo del próximo año, cuando el candidato del Pacto se medirá con otra elección dentro de un Frente Amplio en el que habrá también los representantes de la derecha más moderada: «el santismo» del expresidente, Manuel Santos, los verdes y algunas figuras difíciles de catalogar, que también tienen un círculo que las apoya, y también tienen el apoyo de Petro. El presidente mira de hecho al esquema de las democracias europeas: la izquierda sola no puede lograrlo, por lo que debe recurrir a figuras más moderadas de la derecha para contener a la derecha extrema. Un esquema que no convence a la izquierda radical y a los movimientos populares, que temen a los potentes caballos de Troya en su interior, de los que también Colombia, y el mismo gobierno de Petro, ha tenido que experimentar.
Pero, mientras tanto, la izquierda busca capitalizar el significado de la «sentencia del siglo» contra Uribe. Cepeda está calentando motores, pero así lo está haciendo también la camaleónica Claudia López, exsenadora y exalcaldesa más apreciada por el campo moderado, que ha elegido desmarcarse tanto del «petrismo» como del «uribismo», y candidarse por el movimiento ciudadano «Imparables».
López ya se ha ganado el aplauso de la derecha por las recientes declaraciones respecto a Venezuela. Ha definido al gobierno de Maduro como «la principal amenaza para la seguridad nacional de Colombia», y ha propuesto una alianza con Brasil, Panamá, Guyana y Estados Unidos para «recuperar la libertad en Venezuela».
Desde Caracas, le respondió irónicamente el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello durante su programa semanal, Con el Mazo dando. Refiriéndose a los 8 cadáveres cerrados en bolsas de basura, encontrados en diferentes puntos de la capital colombiana y considerados fruto de otra feroz lucha entre bandas criminales, Cabello dijo: «Es el colmo. Esta señora da juicios sobre Venezuela que sufre desde hace años por la violencia importada de Colombia: ¿de dónde viene el sicariato y el narcotráfico? ¿De dónde vienen los paramilitares?», e invitó a «la señora López» a no expresar juicios incongruentes sobre el país vecino, sino a remover los sacos de su basura.
