Por Luis Britto García.
“Religión sin poesía” llamaba Roberto Hernández Montoya al neoliberalismo. Culto en verdad peligroso que exige la inmolación de trabajadores, países, de la humanidad entera. Los diez mandamientos de esta superstición están sintetizados en “El Consenso de Washington”, redactado por John Williamson en 1989. Quien lo aplica, aunque se disfrace de revolucionario, neoliberal se queda, quien lo combate es revolucionario, aunque lo tilden de trasnochado.
En dos frentes se libra la batalla contra el decálogo neoliberal (que transcribimos entre comillas y en negritas): en el frente interno y en el externo internacional.
En el frente interno nacional:
1. “Disciplina en la política fiscal, enfocándose en evitar grandes déficits fiscales en relación con el producto interno bruto”;
Pero el capitalismo enfrenta periódicamente crisis cada vez más graves que hasta ahora sólo han sido paliadas mediante políticas fiscales de incremento del gasto público de dos categorías: a) Incremento del gasto público según la idea keynesiana del “multiplicador de la inversión”: erogaciones estatales que reactiven la producción, creen empleo y posibiliten el consumo, y b) guerras que disparen la producción de armamentos, empleen trabajadores en ésta, recluten desempleados como soldados y garanticen una demanda permanente destruyendo armamentos y vidas. Todos los países desarrollados admiten políticas de déficit fiscal: la deuda pública global supera actualmente el 333% del Producto Interno Bruto anual del mundo.
2. “Redirección del gasto público en subsidios”.
Los subsidios públicos son indispensables en áreas como fomento de la producción interna, investigación científica, protección de la naturaleza, cultura. Limitarlos sólo para los fines que juzgue legítimos el capital transnacional es el camino de la ruina.
3. “Reforma tributaria, ampliando la base tributaria y la adopción de tipos impositivos marginales moderados”
En el capitalismo neoliberal la “ampliación de la base tributaria” operó siempre incrementando el número de personas de limitados recursos que debían tributar y cargándolos de pesados tributos directos, como el impuesto al valor agregado. Mientras tanto, los grandes capitales evaden la carga tributaria mediante “tratados contra la doble tributación”, paraísos fiscales, donación simulada de los fondos a “fundaciones sin fines de lucro” exentas de impuestos, y sobre todo, con la complicidad de los legisladores, sancionando una progresiva rebaja de las tasas tributarias al gran capital que ha llevado a los multimillonarios a pagar porcentajes menores que los de los simples trabajadores.
4. “Tasas de interés determinadas por el mercado y positivas (pero moderadas) en términos reales”
“El mercado” no existe cuando el número de oferentes (los bancos) es limitado, la tasa del interés sólo medirá su voracidad. Lo que el Consenso de Washington exige es que ninguna medida pública de protección interfiera con ésta.
5. “Tipos de cambio competitivos”
“Competitivas” llama el neoliberalismo a tasas abiertamente desfavorables a la moneda nacional, de modo que las inversiones extranjeras se realicen con montos mínimos de divisas foráneas. Los estados nacionales tienen el deber y el derecho de defender el valor de sus monedas y no devaluarlas para defender los intereses de capitales foráneos o la estabilidad de las divisas de éstos.
6. “Liberalización del comercio: liberación de las importaciones, eliminación de las restricciones cuantitativas (licencias, etc.), aranceles bajos y uniformes”
Todas las naciones que hoy son potencias económicas –Inglaterra, Estados Unidos, Alemania- llegaron a serlo aplicando estrictas medidas de protección de la producción y el comercio internos, tales como prohibir ciertas importaciones, cargarles aranceles altos o someterlas a licencias dictadas por la conveniencia nacional. Los países emergentes deben aplicar el mismo tipo de medidas proteccionistas a sus economías.
7- “Liberalización de las barreras a la inversión extranjera directa (IED)”
Todas las naciones que hoy son desarrolladas lo lograron aplicando estrictos controles a las inversiones extranjeras con el fin de estimular, proteger, favorecer y fortalecer la producción nacional. La finalidad del ALCA era impedírselo a los países latinoamericanos y caribeños.
8. “Privatización de las empresas estatales”
Las empresas estatales son instrumentos fundamentales de la construcción del socialismo, de la prestación de servicios básicos indispensables de interés social y de la explotación de recursos naturales en condiciones que posibiliten la aplicación de los beneficios al bienestar general. Privatizarlas es sustituir esos objetivos por el del lucro privado, generalmente extranjero. Las políticas de privatización en los países en vías de desarrollo no han sido más que enormes subastas en baratillo de las empresas públicas, las cuales al convertirse en negocios privados equilibran sus finanzas cesanteando empleados, exigiendo a los que conservan cumplir con sus tareas y las de los despedidos y elevando exponencialmente sus precios y tarifas a costas del consumidor y sin la menor consideración hacia el interés social.
9. “Desregulación: abolición de regulaciones que impidan acceso al mercado o restrinjan la competencia”
La “desregulación” globalizadora impide cualquier restricción de la operación del capital, aunque sea necesaria por razones de seguridad, protección al medio ambiente y al consumidor, o supervisión de entidades financieras. Lo comprueban las sucesivas catástrofes de seguridad, ambientales y humanas y sobre todo de quiebras masivas de entidades financieras, que no ocurrirían si en verdad se las supervisara prudencialmente.
10. “Seguridad jurídica para los derechos de propiedad”
La “seguridad jurídica” globalizadora y neoliberal significa que el capital transnacional exige que todas las controversias sobre sus inversiones sean resueltas de acuerdo con sus propias leyes y por sus propios tribunales, distintos de los de los países donde invierten. También requiere que los gobiernos nacionales no tengan derecho a cambiarles las leyes tributarias, ni a la expropiación por causa de utilidad pública y social. Ello asimismo requiere la “inaplicación” de leyes y tribunales locales, incluso en el caso de litigios relativos al interés público nacional, los cuales según los globalizadores deberían ser decididos por juntas arbitrales o tribunales foráneos como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre las Inversiones (CIADI), en abierta violación de la inmunidad de jurisdicción y la soberanía de la República.
En el plano internacional, cabe contrarrestar irreductiblemente el intento de imponer estos dogmas contrabandeándolos como normas internas o a través de tratados, como ocurrió con el tristemente célebre ALCA, los infames tratados contra la doble tributación o los de libre comercio. Para ello es indispensable crear organismos revolucionarios, como el ALBA-TCP, y coordinar políticas con organizaciones internacionales multipolares, como los BRICS. Evitando, desde luego, que los grandes capitales privados de algunos de los países integrantes de este último bloque o de otros grupos emergentes impongan políticas tan abusivas como las del Consenso de Washington o peores que ellas.
